La llegada de miles de inmigrantes ilegales a Ceuta desde Marruecos durante la invasión programada de los pasados 30 y 31 de julio ha llevado a la Comisión Europea a mantener España entre los cuatro países del bloque que por estar «bajo una mayor presión migratoria» pueden apelar a la solidaridad de sus socios y activar el mecanismo previsto en el nuevo Pacto de Migración y Asilo para que parte de los extranjeros llegados ilegalmente a su territorio sean reubicados en otros Estados miembros.
El comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha explicado en una rueda de prensa en Bruselas que en el caso de España se ha tenido en cuenta la situación en Ceuta, y en base a esos datos Bruselas considera que el país «está bajo presión migratoria». También Italia, Grecia y Chipre han sido incluidos en el bloque de países elegibles para solicitar la solidaridad de sus socios.
Sin tener en cuenta lo ocurrido en Ceuta, los datos analizados por el Ejecutivo comunitario, según el informe, situaban a España «en riesgo de sufrir presión migratoria», pero no bajo esa presión, lo que en la práctica supone un paso previo en la clasificación que hubiera permitido al Estado miembro acceder a otros instrumentos de apoyo y permanecer bajo la supervisión de Bruselas, pero no el acceso automático al mecanismo de reparto de la carga de la acogida.
En concreto, Brunner ha indicado que el segundo informe anual sobre la gestión migratoria recoge que España sumó «aproximadamente el 20% de todos los cruces fronterizos ilegales a nivel de la UE» y que fue el tercer Estado miembro en cuanto a número de llegadas por las operaciones de búsqueda y rescate. El informe, en todo caso, no hace públicos los cupos de reubicación al que podrán acogerse los países que afrontan mayores problemas para gestionar la migración.
