
El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras, el mayor de España y con capacidad para alrededor de 500 personas, ha pasado en pocas semanas de albergar a unos 400 internos a mantener actualmente poco más de una treintena.
El Ministerio del Interior no ha explicado oficialmente las razones de esta drástica reducción de la ocupación. Sin embargo, fuentes consultadas por ABC sostienen que el objetivo sería reservar capacidad ante la posibilidad de que aumenten las llegadas de inmigrantes ilegales desde Ceuta hasta las costas andaluzas mediante pateras y narcolanchas.
Parte de los internos que ocupaban el centro en agosto han sido expulsados a Marruecos, puestos en libertad o derivados a recursos gestionados por asociaciones y ONG, dejando así gran parte de las plazas disponibles.
Fuentes de Extranjería señalan que el colapso administrativo provocado por la crisis migratoria en Ceuta continúa sin resolverse y que las redes dedicadas al tráfico de personas están aprovechando las largas esperas para ofrecer traslados clandestinos hacia la Península.
Los inmigrantes pagan por embarcar en narcolanchas y otras embarcaciones rápidas con destino a las costas gaditanas. Entre los puntos donde ya se han detectado desembarcos figuran Barbate, Tarifa y Algeciras.
La utilización de embarcaciones vinculadas tradicionalmente al narcotráfico añade una nueva dimensión a la crisis migratoria: las mismas infraestructuras clandestinas utilizadas para introducir droga a gran velocidad en España pueden emplearse también para trasladar personas desde el norte de África o Ceuta. Por el momento, las llegadas a Cádiz se mantienen lejos de las cifras alcanzadas durante la crisis migratoria de 2018.
Fuentes policiales consultadas por el citado medio apuntan a una explicación para ese menor flujo hacia la Península: muchos inmigrantes prefieren permanecer en Ceuta porque consideran menor el riesgo inmediato de devolución.
«Saben que si se quedan en Ceuta de momento no van a ser expulsados. No se está devolviendo a nadie. Sin embargo, si cruzan se arriesgan a ser detenidos y retornados», explica un agente especializado en procedimientos de filiación y devolución.
La solicitud de asilo constituye además una de las vías utilizadas, especialmente entre ciudadanos subsaharianos, para permanecer en España mientras se tramitan los expedientes, procedimientos que pueden prolongarse durante meses.
El cambio experimentado por el CIE de Algeciras resulta especialmente llamativo por su rapidez. Tras la crisis de Ceuta, unas 400 personas permanecían internadas en el centro durante agosto. Ahora quedan poco más de treinta.
Los CIE son instalaciones dependientes del Ministerio del Interior destinadas a extranjeros sometidos a procedimientos de expulsión o devolución. El internamiento debe ser autorizado judicialmente y no puede superar los límites establecidos legalmente.
La liberación de buena parte de la capacidad en Algeciras permitiría disponer de plazas inmediatamente si las fuerzas de seguridad interceptan nuevas embarcaciones procedentes de Ceuta o Marruecos.
La presión migratoria continúa teniendo además consecuencias directas sobre los policías destinados en Ceuta, que denuncian falta de personal, recursos insuficientes y enormes dificultades para tramitar los procedimientos administrativos.
La identificación de los recién llegados exige la presencia de abogados y traductores. En los casos en los que existen dudas sobre la edad declarada por un inmigrante, deben realizarse además las correspondientes pruebas para determinar si se trata realmente de un menor.
Ante esta situación, representantes policiales vienen reclamando una reforma de la Ley de Extranjería que permita la devolución inmediata de quienes accedan ilegalmente por vía marítima, junto con nuevos acuerdos de readmisión con los países de origen y tránsito, empezando por Marruecos. Los sindicatos advierten de que la regulación actual puede terminar funcionando como un incentivo para las mafias, que explotan las dificultades jurídicas y administrativas para ejecutar las devoluciones.
La reducción de la ocupación del CIE llega en un momento en que la presión migratoria se está desplazando hacia el Mediterráneo occidental. Frontex ha registrado este año un fuerte incremento de las detecciones de entradas irregulares por esta ruta, mientras las fuerzas de seguridad continúan vigilando el Estrecho y las costas gaditanas ante posibles nuevos movimientos.
En ese escenario, el hecho de que el mayor CIE de España haya pasado de unos 400 internos a poco más de treinta en cuestión de semanas apunta, según las fuentes consultadas, a una Administración que quiere disponer de margen ante la posibilidad de nuevas llegadas.