El Gobierno de Aragón, en manos del PSOE, apartó a Ruiz y Fayanás por ir en contra de los intereses de la trama, según recoge el atestado elaborado por la Guardia Civil dentro de la llamada operación Perserte y ha adelantado Abc. La investigación, que ha provocado la detención de más de una decena de personas en Zaragoza y Madrid la pasada semana, describe cómo ambos funcionarios del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) fueron relegados de sus funciones cuando sus informes técnicos chocaron con determinados proyectos relacionados con el sector de las energías renovables.
Los agentes sitúan el origen del conflicto en el cambio de funcionamiento que, según sostienen, experimentó el organismo público durante la etapa en la que el socialista Javier Lambán presidía el Ejecutivo autonómico. En ese periodo, la llegada masiva de iniciativas vinculadas a parques eólicos y fotovoltaicos —muchas de ellas impulsadas por la empresa aragonesa Forestalia— habría modificado sustancialmente la forma de tramitar los expedientes dentro del Inaga.
En ese contexto, los investigadores consideran que se puso en marcha un sistema destinado a evitar obstáculos administrativos y facilitar la aprobación medioambiental de determinados proyectos. Según el informe policial, la estrategia pasaba por neutralizar o apartar a los técnicos que mantenían criterios estrictos en la evaluación de los expedientes.
Uno de los casos señalados en la investigación es el de Ainhoa Ruiz, funcionaria del organismo que, según la Guardia Civil, aplicaba de manera rigurosa los controles internos en la tramitación de los informes. De acuerdo con el atestado, su retirada de determinadas responsabilidades respondió a la intención de debilitar esos mecanismos de supervisión que dificultaban la aprobación de algunos proyectos.
El otro funcionario citado es Óscar Fayanás, también técnico del Inaga. Según se recoge en la documentación policial, él mismo atribuyó su desplazamiento dentro del organismo a los informes desfavorables que emitía respecto a iniciativas promovidas por Forestalia. Los investigadores señalan que estos dictámenes técnicos, al no resultar favorables, eran en ocasiones devueltos por la dirección para ser revisados o modificados.
En el centro de la investigación aparece la figura de Jesús Lobera, quien ocupaba el cargo de director general del Inaga. La Guardia Civil lo describe como un actor clave dentro del supuesto entramado, señalando que su papel habría sido determinante en la modificación de los procedimientos internos del organismo.
Según los testimonios recabados por los investigadores, el funcionamiento del instituto cambió de forma notable coincidiendo con el auge del sector de las energías renovables. A partir de ese momento, sostienen, se adoptó una actitud más activa desde la dirección para garantizar que determinados proyectos obtuvieran resoluciones ambientales favorables.
La investigación también apunta a la contratación de consultoras externas para la elaboración de informes técnicos. Entre las empresas mencionadas se encuentran Vea Global, Natural Resources, Calidad y Estudio o SATEL. Según el atestado, estos trabajos encargados fuera del organismo permitían generar documentos con criterios técnicos más flexibles o con menor atención a determinados aspectos negativos.
De acuerdo con los agentes, esos informes externos acababan respaldando las iniciativas empresariales que interesaban a la dirección del Inaga. En algunos casos, añaden, se habrían utilizado parámetros menos exigentes o se habrían omitido elementos desfavorables para los proyectos analizados.
El documento policial también recoge episodios de tensión dentro del organismo. En uno de ellos, un funcionario se habría negado a firmar un informe que consideraba alterado o «contaminado». Según la investigación, el director general habría asumido personalmente la gestión del documento tras indicarle al técnico que no continuara con el trámite.
Todo este conjunto de actuaciones, según concluyen los investigadores, apuntaría a la existencia de un patrón repetido destinado a orientar las decisiones técnicas del organismo hacia los intereses de determinados promotores, en especial del grupo Forestalia.
