El Gobierno prevé alojar a cerca de 1.000 inmigrantes ilegales en un nuevo campamento instalado en el Muelle de Poniente de Ceuta, a escasos metros de depósitos con capacidad para almacenar hasta 42.000 toneladas de combustible y junto a la nave del Banco de Alimentos. El emplazamiento ha salido adelante pese a que informes técnicos de la Autoridad Portuaria lo consideran «no recomendable» por sus riesgos para la seguridad.
Las carpas ya están levantadas, aunque todavía permanecen vacías. Su apertura forma parte del plan del Ejecutivo para alcanzar las 6.000 plazas de acogida tras la invasión registrada los días 30 y 31 de julio, que dejó a miles de invasores repartidos por las calles, playas y asentamientos improvisados de la ciudad autónoma.
A primera hora de este domingo, las autoridades completaron el traslado de más de 800 personas desde el barrio de Loma Colmenar hasta el asentamiento temporal de Los Rosales. Con este movimiento, ya están ocupadas 4.300 plazas en instalaciones acondicionadas por el Ejecutivo.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también asegura que trabaja para habilitar otro espacio en el que alojar a las 300 mujeres y niñas que permanecen en el asentamiento de Sidi Embarek. Mientras tanto, la presión continúa en otros puntos de Ceuta. El campamento situado en la playa de El Trampolín está completo y ya se ha extendido hasta la playa de Benítez.
Advertencias sobre combustible, sabotajes e incendios
El último recurso previsto dentro del plan inicial del Gobierno es el campamento del Muelle de Poniente. Sin embargo, su ubicación ha provocado preocupación entre trabajadores, voluntarios y organizaciones policiales.
Los informes elaborados por organismos de la Autoridad Portuaria desaconsejan establecer allí una zona de acogida. Los documentos señalan tres peligros principales: la proximidad de infraestructuras energéticas y depósitos de combustible, la posible afección a la actividad portuaria y la cercanía a espacios comerciales y colegios frecuentados por cientos de menores.
La advertencia más grave afecta a los depósitos capaces de albergar 42.000 toneladas de combustible. Los técnicos alertan de que la concentración de personas en ese punto podría elevar el riesgo de accesos indebidos o actos de sabotaje.
Otro informe concluye que el campamento no resulta viable sin un refuerzo suficiente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Las propias cifras de la Policía Portuaria muestran el deterioro registrado tras la invasión: sólo durante agosto se contabilizaron 1.163 incidencias, muchas de ellas vinculadas con intrusiones y accesos no autorizados.
El Sindicato Unificado de Policía también ha advertido de las dificultades que plantearía una emergencia en la zona, especialmente ante un posible incendio o la necesidad de evacuar con rapidez a un millar de personas.
El Banco de Alimentos teme robos y saqueos
La instalación de las carpas sorprendió incluso a los voluntarios del Banco de Alimentos, cuya nave se encuentra al lado del terreno escogido. Según han relatado a El Mundo, el solar apareció acondicionado de forma repentina durante un fin de semana.
«Nos fuimos un viernes y esto estaba completamente liso. Nos extrañó porque anteriormente nunca han venido a limpiar el terreno», explica el voluntario José Antonio Rivero, quien asegura que hasta entonces el lugar había funcionado como un vertedero de basura.
La entidad almacena allí productos destinados a familias ceutíes en situación de necesidad. Sus responsables temen que la llegada de alrededor de 1.000 personas aumente el riesgo de robos o intentos de saqueo. Según denuncian, ninguna administración les ha comunicado por ahora la creación de un dispositivo especial de vigilancia.
«Vamos a mantener la actividad aunque nos sentimos desamparados, desatendidos, olvidados y abandonados», resumen sus voluntarios.
Un punto utilizado por las mafias
A las amenazas para la seguridad portuaria se suma la proximidad directa del campamento al mar. El enclave cuenta con un acceso relativamente sencillo al muro exterior, formado por bloques de hormigón y rocas, y se encuentra en una zona utilizada por las mafias dedicadas a trasladar inmigrantes ilegalmente hasta la Península.
Según fuentes policiales, estas organizaciones cobran entre 4.000 y 9.000 euros por el trayecto y suelen utilizar embarcaciones camufladas como barcos de recreo para evitar los controles.
«Los hemos visto actuar varias veces. Se meten con el agua hasta el cuello y de ahí suben a las embarcaciones», relata uno de los voluntarios. «Esto os llega a la Península, no es sólo un problema de Ceuta. Es un problema nacional», advierte.
La apertura del Muelle de Poniente permitirá al Gobierno acercarse a las casi 6.000 plazas prometidas, pero no resolverá la presencia de miles de inmigrantes fuera de las instalaciones habilitadas. Además, trasladará parte de la presión a una infraestructura crítica contra el criterio de los técnicos y sin que los trabajadores del entorno conozcan todavía qué medidas de seguridad acompañarán al campamento.
