El Gobierno de Pedro Sánchez, uno de los más despilfarradores de dinero público de la democracia, no está dispuesto a bajar el IVA al 4% de las rampas de accesibilidad en la Ley de Dependencia para las personas minusválidas con movilidad reducida alegando «merma de ingresos«.
En concreto, el Ejecutivo ha vetado la rebaja al 4% del IVA para las rampas, ascensores y obras destinadas a eliminar barreras arquitectónicas en edificios y viviendas dentro de una ley que todavía se encuentra en el trámite parlamentario de las enmiendas.
El Ministerio de Hacienda, que no ha dejado de aumentar la presión fiscal sobre los contribuyentes, invoca su potestad legal para alegar que la propuesta supone una «merma de ingresos» incompatible con los Presupuestos Generales del Estado vigentes, que, por cierto, son los tres veces prorrogados de 2023, como recoge este jueves El Español.
La iniciativa rechazada por los socialistas incluía también la reparación de vehículos y sillas de ruedas, además de la adaptación de taxis y turismos para personas con discapacidad, pero el Gobierno considera que esas necesidades tienen menos valor e importancia que los ingresos económicos del Estado.
En su primer escrito de disconformidad, registrado el 29 de julio, el Ejecutivo calculó que el IVA reducido para las obras de accesibilidad tendría un impacto de 3,2 millones de euros en las arcas del Estado ya que partía de que la iniciativa afectaría al 1% de unas bases imponibles gravadas al 10%.
En la segunda tanda de vetos, registrada el 4 de septiembre, el Ejecutivo elevó a 321 millones la pérdida de ingresos de una enmienda transaccional. El cálculo presupone que el 9% de las obras sujetas al 10% tienen como finalidad garantizar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
