El Gobierno destinó 623,6 millones de euros a la empresa pública Acuamed, un desembolso realizado en noviembre tras permanecer paralizado durante casi un año y pocos días después de que una DANA devastara la Comunidad Valenciana, dejando 233 fallecidos. Aunque el pago formaba parte de los fondos europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia, estaba destinado a «recuperar acuíferos con recursos alternativos» y no a medidas directas para prevenir inundaciones.
Este presupuesto, comprometido inicialmente en enero, representó más del 60% de los pagos efectuados con fondos europeos durante noviembre. Pese a la urgencia tras el desastre, el componente asignado busca mitigar la sobreexplotación de aguas subterráneas mediante recursos como la reutilización y el uso de agua desalinizada, sin relación directa con obras de infraestructura hidráulica en zonas vulnerables a inundaciones.
La empresa pública Acuamed, bajo la tutela del Ministerio para la Transición Ecológica, aseguró que no tenía proyectos en la zona afectada ni competencias para actuar sin una orden directa del Ministerio. Según explicó, no ha realizado intervenciones en esa región en los últimos ocho años. Además, subrayaron que su papel es únicamente el de «sociedad instrumental», desligándose de cualquier responsabilidad por las riadas que asolaron la región.
Por otro lado, los recursos específicamente asignados a la prevención de inundaciones ascienden a 194,7 millones de euros, pero hasta ahora no han sido ejecutados. En el marco del Plan de Recuperación, que incluye un presupuesto de 1.085 millones de euros para la restauración de ecosistemas fluviales y mitigación de riesgos, solo se ha utilizado el 10% de los fondos disponibles, con transferencias limitadas a comunidades autónomas y a la empresa estatal Acuaes para proyectos en 2022 y 2023.
Acuamed, creada para gestionar obras hidráulicas en áreas como el Río Segura y el Júcar, destacó que cualquier acción depende de las prioridades marcadas por el Ministerio, entonces liderado por Teresa Ribera. Estas declaraciones resultan llamativas, considerando que el Plan de Recuperación incluye políticas palanca dirigidas a la resiliencia de infraestructuras y ecosistemas, con un enfoque en la conservación del litoral y recursos hídricos, que cuentan con una asignación global de 5.146 millones de euros.
La rapidez con la que se transfirieron los 623,6 millones contrasta con la inacción previa, levantando interrogantes sobre la planificación y gestión de los recursos públicos. En la Comunidad Valenciana, las consecuencias de la dana han expuesto la falta de infraestructuras preventivas en zonas de riesgo, pese a la disponibilidad de fondos destinados a minimizar estos peligros.
