El 23 de enero de 2024, el Gobierno de Sánchez anunció una nueva medida para, presuntamente, ayudar a las familias más vulnerables: las tarjetas monedero. Muchas son las incógnitas que rodean a este programa presentado por el ministerio de Derechos Sociales, ya que, al ser anónimas, quienes se benefician de estas —que son recargadas— para adquirir alimentos de forma gratuita son desconocidos.
Estas tarjetas, según anunció el ministro Pablo Bustinduy (Sumar), están destinadas a ofrecer productos de alimentación y otros productos básicos de primera necesidad a familias con menores a su cargo en condiciones extremas de vulnerabilidad. En esa misma comparecencia, confirmó que la ONG Cruz Roja, que recibió más de 500 millones de euros en subvenciones en 2023, recibiría otros 100 millones de euros —100.236, para ser exactos— para administrar la nueva medida de forma temporal hasta el 31 de diciembre.
Curiosamente, en la web de Moncloa donde se hizo oficial el anuncio ya figuraba la cantidad que iría destinada a los gastos de gestión pese a no haber finalizado el año: «95,5 millones se vana destinar a los gastos en alimentos y en otros productos básicos y 4,7 millones a los gastos técnicos para la implantación del programa en el conjunto del Estado».
Dinero mensual por «vulnerabilidad»
Tal y como explican en el propio documento de Moncloa adelantado en la red social X (antes Twitter) por el exdiputado Pablo Cambronero, éste es el importe que recibirán las familias vulnerables en función del número de miembros en la unidad familiar —cabe destacar que en ningún momento se hace mención explícita a que para solicitarlo debas estar en el país de forma regular, por lo que se deduce que una gran parte de los beneficiados son inmigrantes ilegales—.
«Dos miembros de la unidad familiar, padre o madre y menor, 130 euros al mes. Tres miembros de la unidad familiar, 160 euros al mes. Cuatro miembros de la unidad familiar, 190 euros al mes y cinco o más miembros de la unidad familiar, 220 euros al mes», resumen.
Ante esta noticia, revelada por información vigente en el BOE y la web de Moncloa, muchos son los usuarios de X que se han preguntado el motivo por el que, pese a existir miles de dependencias públicas o servicios sociales en cada comunidad autónoma, ayuntamiento o diputación, tiene que ser la Cruz Roja (cuyo foco de mayor actividad es la gestión de inmigrantes ilegales) la encargada de hacer esta gestión.
