El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta se enfrenta a una sobrecarga sin precedentes provocada por el reciente aumento de entradas ilegales en la frontera. Este aluvión de inmigrantes ilegales, agravado por el decreto de regularización masiva promovido por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha generado un colapso en las instalaciones, como ya expuso recientemente LA GACETA en un artículo donde se detallaba el traslado de más de 120 inmigrantes ilegales a la península para aliviar la saturación.
En este contexto, Cruz Roja Española ha duplicado los recursos dedicados a la atención de los inmigrantes ilegales en el CETI. La organización ha reforzado sus equipos para ofrecer servicios sociosanitarios, distribución de kits básicos y gestión de traslados. Aunque la cuantía exacta de esta ampliación no ha sido divulgada, fuentes internas confirman un incremento significativo en personal y materiales para manejar el creciente volumen de llegadas ilegales. Cruz Roja, en colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se ha convertido en estos últimos años en una pieza fundamental en la provisión de necesidades básicas para estos inmigrantes ilegales.
Simultáneamente, el Gobierno ha iniciado una licitación para el suministro de ultramarinos destinados específicamente a la manutención de los inmigrantes ilegales en el CETI. Según un documento oficial al que ha tenido acceso LA GACETA, el contrato tiene un valor estimado de 1.792.078,90 euros, IVA excluido. Este monto cubre el abastecimiento de productos alimenticios variados, esenciales para garantizar la alimentación diaria en el centro. El dispendio económico resalta la magnitud de la operación: el valor estimado considera no solo el periodo inicial, sino posibles extensiones que podrían multiplicar el gasto público en esta materia.
El documento detalla que el CETI actúa como institución de primera acogida para inmigrantes y solicitantes de protección internacional que entran ilegalmente en Ceuta. En el escenario actual, estos suministros se orientan principalmente a inmigrantes ilegales que llegan a través de asaltos a la vallas o pateras. Según recoge el documento consultado, en 2024 el centro distribuyó 423.880 menús adaptados a necesidades específicas, como alergias, intolerancias o preferencias culturales, a través de su cocina industrial y servicio de restauración externalizado..
La financiación del contrato proviene íntegramente de los Presupuestos Generales del Estado, con posible cofinanciación de fondos europeos dedicados a inmigración e integración. Este aspecto subraya el calado del dispendio, ya que el erario público asume el grueso del coste para mantener a inmigrantes en situación ilegal, en un momento de intensa presión fronteriza. El valor estimado de casi 1,8 millones de euros refleja la escala del compromiso económico, especialmente si se prorroga, lo que podría elevar el total considerablemente.
Esta iniciativa invita a empresas o entidades humanitarias a proveer los suministros directamente al CETI, destacando la dependencia de contratos externos para operaciones básicas. Aunque el proceso sigue normativas estándar de contratación pública, el monto involucrado pone de relieve el impacto en las arcas estatales. Las medidas adoptadas por el Gobierno y la Cruz Roja responden a una urgencia de la crisis migratoria sobre Ceuta que el Ejecutivo se niega a reconocer.
