En 2024, las Islas Baleares alcanzaron cifras récord de llegadas de inmigrantes ilegales, con un total de 347 embarcaciones interceptadas y casi 6.000 personas a bordo. Este flujo masivo ha dejado al borde del colapso a los servicios de asistencia, especialmente en las islas más pequeñas como Ibiza y Formentera. Además, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, liderado por el ministro Ángel Víctor Torres, ha aprobado contratos por valor de 95.284 euros para desguazar 147 de estas pateras, lo que supone un coste de casi 650 euros por embarcación.
El primer contrato, adjudicado en julio, destinó 55.123 euros a la empresa Adalmo para la destrucción de 80 embarcaciones almacenadas en Mallorca. Por su parte, en diciembre se asignaron 40.161 euros a Herbusa para desguazar 19 pateras en Ibiza y 48 en Formentera. Los costes, que incluyen transporte y tratamiento de residuos, varían según la isla, oscilando entre 1,49 y 2,97 euros por kilo retirado. La falta de instalaciones adecuadas obliga al Gobierno a recurrir a empresas externas, lo que agrava el gasto público.
Las pateras han evolucionado considerablemente. Si antes eran barcas pequeñas que tardaban hasta 20 horas en cruzar desde Argelia, ahora las mafias utilizan embarcaciones rápidas con motores de hasta 300 caballos que completan el trayecto en menos de seis horas. Estas lanchas, apodadas pateras-taxi, pueden transportar hasta 100 personas y cobran tarifas de hasta 3.000 euros por pasajero. Una embarcación con 101 ocupantes fue interceptada en septiembre, marcando un nuevo récord en la región.
El aumento migratorio ha saturado los centros de menores, con una ocupación que supera el 600%. En Ibiza, el único centro disponible no puede absorber la demanda, y ha tenido que trasladar a los jóvenes a Palma, donde las instalaciones también están desbordadas. Además, los sindicatos policiales denuncian la precariedad de los recursos en la región y exigen la creación de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), infraestructura que ya existe en Canarias pero que sigue ausente en Baleares.
Aunque el Ministerio del Interior insiste en que la ruta argelina no está consolidada, los datos contradicen esta afirmación. Desde que las mafias comenzaron a operar en esta vía en 2017, las llegadas han crecido de manera exponencial, y se han multiplicado casi por 12 en siete años. Con más de 14.400 llegadas a la Península y a Baleares, el año 2024 consolidó a este corredor como la tercera ruta más transitada del país.
Los sindicatos policiales y las autoridades locales han alzado la voz contra la falta de medios para gestionar esta crisis. En Ibiza, la carpa habilitada en el puerto no cuenta con medidas de seguridad adecuadas para recepcionar a los inmigrantes, lo que pone en riesgo tanto a los agentes como a los recién llegados. Por otro lado, el coste de mantener este flujo migratorio sigue creciendo, con desguaces costosos y recursos desbordados.