El fundador y presidente de Open Arms, Óscar Camps, ha criticado el uso del término «migrantes» para referirse a los inmigrantes ilegales que acceden a España de forma irregular. Según Camps, esta palabra forma parte de un lenguaje deshumanizador impuesto por discursos xenófobos. «Son personas en movimiento, no animales que emigran», ha subrayado en una entrevista para el diario VilaWeb, insistiendo en que la sociedad debe estar mejor informada para «contrarrestar los relatos de odio promovidos por la extrema derecha».
Estas declaraciones llegan poco después de la absolución de Matteo Salvini, actual ministro de Transportes y vicepresidente de Italia, por el caso del secuestro del barco Open Arms en 2019. Salvini, entonces ministro del Interior, bloqueó durante 20 días el desembarco de 164 inmigrantes interceptados por la ONG frente a las costas de Lampedusa. Aunque la Fiscalía pedía seis años de prisión, los jueces decidieron exonerarlo. Para Camps, esta sentencia es «política, no judicial», y denuncia que estuvo influida por la presión «de la extrema derecha internacional».
Durante el juicio, Salvini defendió que actuaba para proteger las fronteras italianas. Camps recuerda que Giuseppe Conte, entonces presidente del Gobierno italiano, y otros ministros declararon que la decisión de bloquear el desembarco fue únicamente de Salvini, contradiciendo su argumento de que se trataba de una medida gubernamental. «Era impensable una absolución. Todos los testigos confirmaron que fue una decisión individual, y además Salvini no tenía competencias para cerrar puertos», añade Camps.
El caso de Salvini, según el fundador de Open Arms, sienta un precedente peligroso en Europa. Subraya que hubo cinco estamentos judiciales y el Senado italiano que vieron indicios de delito antes de que el caso llegara a juicio. «La extrema derecha internacional se alineó detrás de Salvini, desde Elon Musk, que pidió investigar a nuestros donantes, hasta Meloni, que lo respaldó públicamente tras reunirse con Trump. Incluso el juez y el fiscal tuvieron que pedir protección por las amenazas que recibieron», denuncia Camps, calificando todo el proceso de «muy raro».
