La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, incrementa la tensión con el sector eléctrico español al poner en marcha el denominado ‘tasazo’ nuclear, que supone una subida del 30% en esta tasa. Esta medida, inferior al 40% inicialmente previsto pero superior al pactado inicialmente, entrará en vigor el próximo lunes, 1 de julio.
La subida en la tasa significa un incremento de 2,38 euros por cada MWh sobre la tarifa actual, lo que supondrá un pago adicional de al menos 130 millones de euros anuales, sumándose a los 450 millones actuales que aporta todo el parque nuclear al fondo de Enresa, y resultará en un pago total de 580 millones de euros al año.
El Gobierno aprobó por sorpresa el martes pasado en Consejo de Ministros la subida a 10,36 euros/MWh de la ‘tarifa fija unitaria relativa a la prestación patrimonial de carácter público no tributario’, que financia el servicio de Enresa, empresa pública encargada de la gestión de los residuos radiactivos. Esta decisión ha sido considerada «arbitraria» por el sector eléctrico, que inicialmente se había quejado del incremento del 40% propuesto por Transición Ecológica.
En abril, recuerda Abc, la vicepresidenta Ribera ya había deslizado a los medios que su departamento sacaría a consulta pública el Real Decreto de modificación de la tasa Enresa, que finalmente fijaba el incremento en un 30% en lugar del 40%. Esta nueva propuesta tuvo en cuenta una actualización del valor del fondo de Enresa a 31 de diciembre de 2023 y el valor real del IPC en 2023.
Las eléctricas, a través del Foro Nuclear, se han quejado de que ya pagan el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos, habiendo abonado unos 3.100 millones de euros en diez años. Consideran que si ese dinero fuera al fondo de Enresa y no a las arcas públicas, el ‘tasazo’ sería innecesario.
En este contexto, el Gobierno ha incumplido el pacto firmado en 2019 con Enresa y las eléctricas para el cierre de centrales, donde se acordó un incremento de la tasa de un máximo del 20%. Con la nueva medida, el conjunto del parque nuclear español pagará 585 millones de euros cada año, 130 millones más que lo abonado hasta ahora.
Foro Nuclear ha denunciado ante el Tribunal Supremo el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos, que implica sobrecostes de más de 2.000 millones de euros debido a disensos políticos. Este plan incluye la construcción de siete Almacenes Temporales Descentralizados y un Almacén Geológico Profundo, aumentando los costes futuros a 20.220 millones de euros.
España cuenta actualmente con siete reactores nucleares operativos: Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Trillo y Vandellós II. En los últimos doce años, la tecnología nuclear ha producido más del 20% de la electricidad consumida en España con un 5,69% de la capacidad neta instalada. El cierre progresivo de estas centrales comenzará en octubre de 2027 con Almaraz I y concluirá en 2035 con Trillo.
Hace años que las eléctricas vienen solicitando al Gobierno un recorte drástico de impuestos para mantener la viabilidad del sector nuclear, señalando que «no se pueden operar las centrales con pérdidas». Actualmente, se pagan alrededor de 950 millones de euros anuales en impuestos, cifra que con el ‘tasazo’ anunciado se elevaría a más de 1.500 millones de euros.
