El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado en subvenciones públicas un total de 6,3 millones de euros a una sociedad cooperativa llamada AGINTZARI que está colaborando en la regularización extraordinaria de inmigrantes ilegales en España.
Según la documentación procedente del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, esta entidad —Agintzari Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social— ha recibido financiación procedente de distintas administraciones públicas en los últimos años, en el marco de programas vinculados a inclusión social, empleo y atención a colectivos vulnerables.
AGINTZARI figura además como entidad colaboradora en procesos relacionados con la regularización extraordinaria impulsada por el Ejecutivo a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, participando en tareas de acompañamiento y apoyo a personas extranjeras en situación administrativa irregular.
Las ayudas públicas concedidas a esta cooperativa no responden a una única línea de financiación, sino que se reparten en múltiples convocatorias de carácter autonómico, estatal y local. Estas subvenciones están orientadas, según los registros oficiales, a proyectos sociales, inserción laboral, intervención comunitaria y programas de atención a personas en riesgo de exclusión.
El volumen total —que supera los seis millones de euros— ha generado debate en algunos ámbitos políticos y mediáticos, donde se cuestiona el destino de estos fondos y su vinculación con las políticas migratorias actuales. En este contexto, se ha puesto el foco en el papel de entidades sociales que actúan como intermediarias o colaboradoras en procesos administrativos relacionados con población migrante.
Por su parte, desde el ámbito institucional se defiende que estas subvenciones forman parte de las políticas públicas habituales destinadas a reforzar la cohesión social, facilitar la integración y garantizar el acceso a servicios básicos de «colectivos vulnerables», independientemente de su origen.
El proceso de regularización extraordinaria al que se hace referencia busca ofrecer una vía administrativa para determinadas personas extranjeras que cumplan ciertos requisitos, y en su desarrollo participan tanto administraciones como organizaciones del tercer sector.
