El Gobierno de Sánchez trató de trasladar de forma unilateral al máximo responsable de la Policía Judicial de la Guardia Civil, el general Alfonso López Malo, a una agencia de seguridad de la Unión Europea con sede en Lisboa, en lo que varias fuentes interpretan como un intento de apartarlo de las investigaciones que empezaban a salpicar al PSOE, según adelanta OkDiario. La maniobra fue frustrada por las autoridades europeas, que eligieron a otro candidato para el puesto, bloqueando así el intento del Ministerio del Interior de reestructurar el mando de la unidad clave en las pesquisas judiciales.
El movimiento partió del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, quien promovió a López Malo como aspirante a dirigir el Centro Europeo de Coordinación de Operaciones Marítimas contra el Narcotráfico (MAOC-N), una entidad internacional que cuenta con participación de varios países europeos, así como con colaboración directa de Europol y la DEA estadounidense. El organismo, con sede en Portugal, ya tenía como favorito al neerlandés Sjoerd Top, con más de 25 años de experiencia policial, que finalmente fue ratificado como director ejecutivo, dejando fuera al general español.
Este intento de relevo llegó justo en el verano de 2023, cuando el general López Malo acababa de asumir la jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil, unidad de la que dependen tanto la Unidad Central Operativa (UCO) como el Servicio de Criminalística y la Unidad Técnica de Policía Judicial. Su llegada coincidía con los primeros compases de las investigaciones que apuntaban a la existencia de una presunta red de corrupción vinculada al PSOE, con nombres como Koldo García, José Luis Ábalos o Santos Cerdán en el centro de la atención mediática y judicial.
El traslado, presentado como una supuesta promoción internacional, habría descabezado de un plumazo la unidad encargada de proteger las pesquisas más sensibles. Según fuentes internas, López Malo venía respaldando la independencia operativa de los investigadores frente a presiones políticas en casos como el del ‘Tito Berni’ en Canarias o el caso Mediador.
El rechazo europeo dejó al general en su puesto, donde continúa al frente de la Policía Judicial. Sin embargo, en el Ministerio del Interior no se descarta que se intente una segunda jugada, una vez que el mandato del actual director del MAOC-N llegue a su fin. Según fuentes del propio Ministerio, se estudia si será posible reactivar la candidatura española cuando expire el ciclo del actual responsable neerlandés.
Paralelamente, otra vía que se estaría explorando es promover al actual jefe de la UCO, el coronel Rafael Vicente Yuste Arenillas, a general de brigada. El coronel ha sido el primero de su promoción en el curso para el ascenso, aunque su nombramiento aún no se ha producido. Si llegara a consumarse, el cambio de grado implicaría automáticamente su salida de la unidad, abriendo la puerta a que un perfil más “adaptable” ocupe la jefatura en un momento clave para las investigaciones.
En la Guardia Civil, el acceso al rango de general requiere una propuesta conjunta de los ministerios de Defensa e Interior y debe aprobarse en Consejo de Ministros mediante Real Decreto. Es decir, el proceso es eminentemente político.
Las fuentes consultadas en Interior temen que el equipo de Grande-Marlaska esté maniobrando para moldear a su favor el mando de las unidades de investigación, justo cuando quedan años de trabajo por delante en causas judiciales que podrían comprometer seriamente a dirigentes del PSOE.