El Gobierno de Pedro Sánchez asignó 988,6 millones de euros de los fondos europeos Next Generation a Correos y Tragsatec, dos empresas públicas relacionadas con investigaciones judiciales sobre presuntas irregularidades y corrupción, mientras el Tribunal de Cuentas Europeo advertía de importantes deficiencias en los mecanismos de seguimiento del dinero comunitario. Los auditores de Bruselas han cuestionado la información facilitada por España sobre los destinatarios de las ayudas y han alertado de que los datos disponibles no permiten conocer con suficiente precisión cuánto dinero ha llegado realmente a sus beneficiarios finales.

Las cantidades figuran en la última relación de los cien mayores perceptores del Plan de Recuperación, actualizada por el Ejecutivo el pasado 15 de junio. Según los datos oficiales, Tragsatec concentra 664,1 millones de euros y Correos otros 324,5 millones, unas asignaciones que sitúan a ambas sociedades entre las entidades que más recursos europeos han obtenido desde la puesta en marcha del programa destinado a impulsar la recuperación económica tras la pandemia.

La controversia adquiere especial relevancia por la situación judicial de personas que ocuparon puestos de responsabilidad en estas compañías. Correos estuvo presidida por Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de Gabinete y colaborador de confianza de Pedro Sánchez, investigado en el denominado caso Leire. Por su parte, Tragsatec aparece vinculada al caso Koldo por la contratación de Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, que presuntamente percibió retribuciones sin desempeñar las funciones profesionales correspondientes.

Ambas sociedades pertenecen al entramado empresarial público del Estado: Correos forma parte de la SEPI, mientras que Tragsatec es una filial del Grupo Tragsa, también integrado en el holding estatal. Esto sitúa las adjudicaciones europeas en un contexto de investigaciones que afectan a antiguos directivos y responsables relacionados con distintas empresas públicas.

La UE cuestionó la información presentada por España sobre los fondos europeos

Las advertencias sobre el seguimiento del dinero comunitario no son nuevas. El Tribunal de Cuentas Europeo publicó el 6 de mayo de 2026 un informe en el que denunciaba las deficiencias de transparencia y trazabilidad del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, principal instrumento de financiación de los fondos Next Generation.

Los auditores señalaron que España comunicaba cantidades asignadas a determinados beneficiarios en lugar de los importes efectivamente recibidos, pese a que la normativa europea exige identificar el dinero que ha llegado a los perceptores.

Esta diferencia resulta determinante para conocer el alcance real de las inversiones. Una subvención concedida o presupuestada no significa necesariamente que el destinatario haya cobrado la totalidad de los recursos ni que estos se hayan empleado íntegramente en los proyectos previstos.

El organismo fiscalizador europeo también había advertido, en su informe anual sobre el ejercicio 2024, de que el sistema español no garantizaba una recopilación sistemática de los gastos efectuados por los perceptores finales.

La consecuencia es que los mecanismos de información disponibles presentan limitaciones para reconstruir el recorrido completo de los recursos, desde su asignación hasta su utilización efectiva.

Estas conclusiones no significan que Bruselas desconozca el destino de todos los fondos transferidos a España ni que haya detectado un desvío de los 988,6 millones atribuidos a Correos y Tragsatec. Sin embargo, ponen de manifiesto las dificultades para verificar de manera exhaustiva la ejecución final de determinadas ayudas.

Correos recibió 324 millones mientras sus antiguos responsables eran investigados

Una de las sociedades que aparecen en la relación oficial es Correos, que ha pasado de registrar una asignación próxima a los 100 millones de euros en anteriores actualizaciones a acumular 324,5 millones en la última publicación del Gobierno.

La mayor parte corresponde a actuaciones vinculadas al Plan de Choque de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada en Entornos Urbanos y Metropolitanos, al que se atribuyen 322,4 millones de euros.

El reparto de estas cantidades coincide con la investigación judicial que afecta a antiguos responsables de la empresa postal. Su expresidente Juan Manuel Serrano figura entre las personas investigadas en el procedimiento relacionado con Leire Díez, antigua dirigente socialista que también ocupó responsabilidades en Correos.

Díez desempeñó funciones directivas en la compañía antes de aparecer vinculada a las investigaciones sobre presuntas maniobras para obtener información comprometida contra mandos de la Guardia Civil, fiscales y otros responsables relacionados con causas judiciales de corrupción.

El procedimiento examina las actividades atribuidas a los investigados y sus posibles conexiones con determinadas estructuras empresariales y políticas.

La presencia de antiguos directivos de Correos en estas diligencias no implica que las subvenciones europeas concedidas a la compañía hayan sido utilizadas para financiar actividades ilícitas, extremo que no consta acreditado.

<WritingBlock id=»82416″ variant=»document»>## Tragsatec concentra 664 millones y aparece en el caso de la expareja de Ábalos

La segunda empresa señalada es Tragsatec, filial del Grupo Tragsa, que acumula 664,1 millones de euros distribuidos entre 25 actuaciones financiadas con recursos europeos.

Entre los proyectos más importantes aparecen uno de conservación del litoral y los recursos hídricos, dotado con 205 millones de euros, y otro destinado a restaurar ecosistemas y proteger la biodiversidad, por 144 millones.

La empresa quedó bajo el foco judicial después de conocerse la contratación de Jésica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, durante la etapa del socialista al frente del Ministerio de Transportes.

Según la investigación del caso Koldo, Rodríguez fue contratada por Tragsatec en 2021 pese a que existen indicios de que no desempeñó una actividad laboral efectiva. También estuvo vinculada a Ineco, otra sociedad pública que aparece entre las principales receptoras de financiación europea.

Precisamente Ineco acumula aproximadamente 339 millones de euros en ayudas Next Generation, según la misma relación oficial de beneficiarios. No obstante, la existencia de contratos laborales investigados no acredita que las asignaciones europeas a estas entidades estuvieran relacionadas con las irregularidades denunciadas.