La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil ha advertido este martes del estado «insostenible» en el que se encuentran las presas bajo titularidad estatal, una situación que atribuyen al abandono presupuestario, a la falta de transparencia del Gobierno y a la ausencia de personal técnico especializado en la gestión de estas infraestructuras.

Los expertos denuncian que la Administración central oculta información esencial sobre el estado real del 75% de los embalses que gestiona. Los datos que sí han podido conocer resultan alarmantes: el 65% de las presas presenta problemas de seguridad, el 40% podría desencadenar una catástrofe y la mitad requiere una revisión urgente de los desagües de fondo, que directamente no funcionan. Y, según recalcan, el Ejecutivo reconoce ese fallo sin adoptar medidas.

La tragedia derivada de la reciente riada en Valencia no ha alterado la actitud del Gobierno. Jesús Contreras, ingeniero y vocal de la Asociación, expone en declaraciones a Okdiario que el Estado posee 375 presas y que tres de cada cuatro carecen de plan de emergencia. «¿Cómo vas a avisar a la población si tienes el plan metido en un cajón?», lamenta.

El ministerio dirigido por la secretaria de Estado Sara Aagesen alardea de haber incrementado desde 2018 un 35% el presupuesto destinado al mantenimiento de presas. Sin embargo, la Asociación desmonta ese mensaje: los 1.200 millones anunciados corresponden al presupuesto total del departamento para inversión real. La cifra destinada realmente al mantenimiento de presas se reduce a 577 millones, de los cuales en 2023 sólo se emplearon 16 millones para 158 infraestructuras. El Gobierno dedica, por tanto, alrededor de 100.000 euros por presa.

Ante la pregunta de a qué se dirige entonces el grueso del gasto, Contreras lo aclara: en 2025 se emplearon 150 millones en proyectos de restauración ecológica de ríos y entre 40 y 50 millones en derribos de barreras fluviales, algunas con valor patrimonial o utilidad hidráulica. «Los ingenieros nos oponemos radicalmente a eso», afirma. Considera que la ideología guía la actuación política: «Las infraestructuras hidráulicas se han demonizado y ahora resulta que no se puede hacer nada».

La Asociación señala con contundencia la falta de conocimientos de quienes toman decisiones en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Contreras destaca que la ministra es ingeniera química, el secretario de Estado tiene formación jurídica y la directora general es abogada. Una situación que, según indica, se repite en la mayoría de los cargos del departamento.

El ingeniero añade que sólo cuatro de los nueve presidentes de confederaciones hidrográficas son ingenieros de Caminos; el resto proceden de ciencias ambientales, Derecho o Química. «Esa es la estructura que decide en qué se gasta el presupuesto», afirma.

A lo anterior se suma la falta de personal técnico: hay casos en los que un solo ingeniero debe encargarse del control de hasta 16 presas. «Si ocurre un accidente, el responsable penal es él, no el presidente de la Confederación. Es una situación insostenible», advierte la Asociación.