Valdecaballeros es una localidad situada en la provincia de Badajoz, más concretamente en la zona de la Siberia extremeña, una de las más despobladas y peor comunicadas con el resto de la región y con España. Allí viven poco más de 1.100 personas, pero su presa es fundamental para una comarca que vive casi en exclusividad de la ganadería.
Hace pocos días, el Gobierno ordenó el derribo de la presa de Valdecaballeros, algo que afectará de manera muy negativa al municipio, pero también a Castilblanco y Alía porque ambas localidades también se nutren de la presa que ahora la ministra Ribera pretende eliminar.
Las consecuencias para la comarca serán desastrosas porque al derribo de la presa se une que la zona se encuentra muy mal conectada en términos de comunicaciones y telecomunicaciones. Además, los agricultores y ganaderos de la zona, al igual que los del resto de España, no pasan por su mejor momento debido a las restricciones impuestas desde Bruselas, la merma de la PAC y los acuerdos de libre comercio que hacen competir de manera desigual a los agricultores españoles con los de terceros países.
Aparte de lo mencionado anteriormente, las reservas hídricas de España no atraviesan su mejor momento debido a la falta de lluvias y a la voladura de embalses y presas por parte de la clase política, que en lugar de favorecer una política nacional que aproveche el agua con infraestructuras de almacenamiento e interconexión de cuencas, decide derribarlas y generar una guerra por el agua entre regiones.
Todas estas decisiones también son responsabilidad de la Unión Europea, que desde la Comisión ha decidido impulsar la Agenda 2030 y el Pacto Verde que destruye la agricultura y la ganadería de las naciones con el derribo de prensas o los ataques al sector primario.
Al mismo tiempo, los burócratas de Bruselas han decidido financiar proyectos hídricos, agrícolas y ganaderos en otros continentes como es el caso de Marruecos —uno de los principales competidores de España— con los impuestos de todos los europeos, mientras estrangulan, por ejemplo, al campo español.
Los partidos políticos en Extremadura han alzado la voz contra semejante tropelía, entre ellos el PSOE de Fernández Vara que se ha molestado porque la ministra decida poner en marcha el derribo en fechas muy cercanas a las elecciones, pero en el fondo no cuestiona la acción porque se encuentra alineado con los objetivos de la Agenda 2030.
En el caso del PP la situación es parecida a la del PSOE, porque de cara a la galería critican la decisión del Gobierno, pero luego en el Parlamento Europeo votan conjuntamente las políticas que van contra el campo español. Además, fue durante el Gobierno del PP cuando España se adhirió a la Agenda 2030 que tan nefasta consecuencia genera a los españoles.
VOX, por su parte, ha prometido intentar revertir la situación, tanto en Bruselas como en el Congreso y en el Senado, con el fin de evitar lo que sería una catástrofe para una comarca muy castigada por culpa de años de socialismo y abandono por parte de los distintos gobiernos nacionales, más interesados en beneficiar a los separatistas que en preocuparse por el bienestar de todos los españoles.
