El 8 de agosto de 2024, fecha señalada para el pleno de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalidad, las fuerzas de seguridad en Cataluña recibieron una instrucción clara: la prioridad no era detener a Carles Puigdemont, sino garantizar que la sesión parlamentaria transcurriera sin incidentes. Según ha revelado El Debate, basándose en el informe remitido al Tribunal Supremo, la consigna oficial fue centrarse en la investidura y no en la captura del expresidente.

Ese día, Puigdemont apareció brevemente ante sus simpatizantes en el Parc de la Ciutadella y, mediante un elaborado plan de fuga, abandonó la zona oculto en el maletero de un vehículo, logrando cruzar la frontera francesa. La operación se realizó sin que ningún cuerpo policial intentara interceptarlo, pese a que se encontraba en territorio español.

Fuentes políticas han señalado que detenerlo habría tensado las negociaciones del PSOE con ERC y los Comunes y puesto en riesgo la narrativa de «pacificación» que Illa defendía. Desde la Generalidad, tampoco existía voluntad de que el episodio quedara en la historia como el arresto del expresidente en pleno proceso de investidura. Un año después, el caso judicial avanza con lentitud, mientras tres agentes de los Mossos siguen imputados por presunta colaboración en la huida.