Hace exactamente un año, el doblemente prófugo de la Justicia Carles Puigdemont protagonizó un nuevo episodio de la vergüenza política española: su segunda fuga de España, tras una visita más que anunciada a Barcelona, después de siete años en Bruselas.
Una maniobra calculada y premeditada, que buscaba medir fuerzas con el Estado y, al mismo tiempo, lanzar un desafío directo al Gobierno de Pedro Sánchez: la llave para la continuidad de la Legislatura estaba en Waterloo. No fue sólo un gesto simbólico, sino también una presión directa sobre Moncloa en un momento delicado, cuando la Ley de Amnistía, ya aprobada en el Congreso, aún no se aplicaba a su caso. Puigdemont aprovechó su papel como figura central del independentismo exiliado para presentarse como víctima de una Justicia selectiva y de un pacto político incompleto.
Aquel episodio no sólo mantuvo viva la cuestión catalana, sino que expuso algo más grave: un prófugo de la Justicia logró marcharse sin que un operativo conjunto del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska y la Generalidad de Cataluña de, por entonces, Pere Aragonès lograra detenerlo. Un despliegue que, para muchos, dejó más dudas que certezas.
El 8 de agosto de 2024, poco antes de las 09:00 horas, Puigdemont apareció frente al Arco del Triunfo, cumpliendo su promesa de regresar durante el debate de investidura de Salvador Illa. Rodeado de dirigentes de Junts y unos 3.500 simpatizantes —muy lejos de las «decenas de miles» proclamadas por el independentismo—, lanzó un mensaje: «He venido para recordarles que aún estamos aquí», a escasos metros del Parlament.
Tras el discurso, su abogado Gonzalo Boye le tomó del brazo y le dijo apresuradamente: «¡Vámonos!». En cuestión de segundos, Puigdemont había desaparecido.
Los Mossos d’Esquadra activaron entonces la «Operación Jaula», con controles en carreteras y registros de maleteros que evocaban su primera fuga. Sin embargo, no lo capturaron ni rastrearon su paradero. Días después, el fugado reaparecía en Waterloo.
