El Gobierno contempla instalar uno de los nuevos campos para alojar a los miles de inmigrantes ilegales que permanecen en Ceuta tras la invasión de finales de julio a apenas 300 metros de una de las instalaciones militares más sensibles de la ciudad autónoma. Se trata de la Estación de Vigilancia del Estrecho (Eviest), un sistema de radares y sensores de la Armada encargado de controlar el tráfico marítimo en el Estrecho y el mar de Alborán y de detectar posibles amenazas contra Ceuta y el sur de España.

La ubicación elegida ha provocado inquietud en círculos de la Armada y de la inteligencia militar, según fuentes militares citadas por The Objective. El emplazamiento figura entre los terrenos que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa para responder a la crisis provocada por la entrada masiva de inmigrantes y obligaría a reforzar la protección de una infraestructura considerada clave para la seguridad nacional.

El terreno señalado corresponde a la antigua batería de costa K-8, en Punta Blanca, al noroeste de Ceuta. Aunque el proyecto está menos avanzado que otros campamentos ya habilitados, el antiguo acuartelamiento aparece expresamente entre las siete infraestructuras bajo control del Gobierno susceptibles de utilizarse para «contribuir a la gestión de respuesta» a la crisis migratoria, según la modificación del real decreto que regula la declaración de situación de interés para la seguridad nacional.

El problema para los militares está en lo que hay prácticamente al lado. A unos 300 metros se encuentra una de las estaciones del Eviest, una infraestructura que combina sistemas de radar y sensores ópticos para vigilar el tránsito de buques y pequeñas embarcaciones. La instalación trabaja conjuntamente con otra estación situada en Tarifa (Cádiz) y proporciona a la Armada capacidad de vigilancia sobre uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo.

Su función adquiere especial importancia en un escenario de amenaza. Según las fuentes militares citadas, sería uno de los primeros sistemas capaces de detectar una eventual incursión marítima contra Ceuta o el sur peninsular y activar la alerta. Precisamente por esa función, también constituiría un objetivo prioritario para un atacante que pretendiera inutilizar la capacidad española de vigilancia en la zona.

La Armada teme sabotajes

La posibilidad de concentrar inmigrantes en terrenos tan próximos preocupa especialmente por la situación de seguridad que atraviesa Ceuta desde la invasión del 30 y 31 de julio. Las fuentes militares consideran que la decisión obligará a las Fuerzas Armadas a reforzar la seguridad alrededor del Eviest, incluida la implantación de patrullas estáticas en sus inmediaciones si finalmente se habilita el campamento.

La instalación ya se encuentra protegida. Está situada en una zona boscosa, alejada de núcleos habitados, cercada y sometida a vigilancia militar y mediante cámaras. Sin embargo, la llegada de un asentamiento a pocos centenares de metros modifica el escenario de seguridad alrededor de una infraestructura cuya ubicación y capacidades tienen carácter estratégico.

Entre los escenarios que preocupan figura el sabotaje. La inquietud no se produce únicamente por la dimensión de la entrada migratoria de julio. La Policía Nacional ha detenido desde entonces, según las informaciones publicadas, a al menos tres radicales que habrían entrado en Ceuta durante la crisis, después de que inicialmente el Ministerio del Interior negara la presencia de perfiles yihadistas entre los recién llegados.

A ello se suma otra de las líneas que investigan los servicios de seguridad: la posibilidad de que la entrada masiva fuese aprovechada por agentes vinculados a los servicios de inteligencia marroquíes para penetrar en territorio español mezclados con los inmigrantes y obtener información sobre el terreno.

Esta sospecha se apoya también en las conclusiones atribuidas a un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), que recoge la presencia durante los acontecimientos de agentes marroquíes sin uniformar que daban instrucciones a la multitud y habrían accedido posteriormente a la ciudad junto a ella. En este escenario, fuentes militares citadas por The Objective consideran el sabotaje «un riesgo real».

Campamentos junto a instalaciones militares

La elección de Punta Blanca no es el único emplazamiento previsto por el Gobierno que ha generado inquietud entre los militares. El Ejecutivo ya ha habilitado otro espacio para inmigrantes en La Hípica, cerca de la playa del Trampolín y del Batallón del Cuartel General del Ejército en Ceuta.

A poco más de un centenar de metros de esa zona se encuentran 16 búnkeres utilizados por el Batallón y por el Regimiento de Ingenieros número 7 para almacenar material, armamento y explosivos.

La justificación trasladada internamente por el Ejecutivo para recurrir a terrenos próximos a instalaciones militares ha sido precisamente la seguridad existente en esas áreas, dotadas de videovigilancia y presencia castrense. La cercanía del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes también se habría utilizado como precedente para sostener que la presencia de inmigrantes en el entorno se ha gestionado anteriormente «sin mayor problema».

El planteamiento del Gobierno provoca así una paradoja: la propia protección de instalaciones militares sensibles se utiliza como argumento para situar junto a ellas los nuevos espacios de acogida, mientras las Fuerzas Armadas estudian reforzar precisamente esa seguridad ante los riesgos derivados de la crisis.

La controversia llega mientras miles de inmigrantes continúan en Ceuta más de un mes después de la entrada masiva de finales de julio y el Ejecutivo busca nuevos terrenos para alojarlos. A los espacios próximos al puerto y al polvorín del Ejército se suma ahora Punta Blanca, a escasos metros del sistema militar que vigila permanentemente el Estrecho.