El PSOE y Sumar han presentado una propuesta que busca regularizar a todos los inmigrantes que llegaron a España antes de 2024. Este plan permitiría que alrededor de 700.000 personas en situación ilegal obtuvieran su residencia legal, lo que supone un incremento de 200.000 personas respecto a lo que inicialmente se había previsto en una iniciativa popular que ya se discute en el Congreso y que también ha recibido el respaldo del PP. En ese primer documento, sólo se contemplaba la regularización de aquellos que llegaron antes de noviembre de 2021.
Esta enmienda, introducida de manera conjunta y de último minuto por ambas formaciones del Gobierno de coalición, tiene el potencial de convertirse en la mayor regularización de inmigrantes en la historia del país. De aprobarse, beneficiaría a casi 700.000 extranjeros que se encontraban en España en situación ilegal a fecha de 31 de diciembre de 2023.
Los mecanismos vigentes para legalizar inmigrantes, como el arraigo o la formación, junto con la agilización de los trámites para obtener permisos, han evitado hasta ahora regularizaciones masivas.
De acuerdo con un informe reciente de Funcas recogido por The Objective, la cifra estimada de extranjeros en situación administrativa ilegal en España asciende a 686.000 personas. Esto representa aproximadamente el 17% de la población extranjera no perteneciente a la Unión Europea en el país. Este dato es significativamente superior a los 517.000 inmigrantes que se contabilizaban a finales de 2021. A su vez, la iniciativa popular estima que alrededor de 470.000 inmigrantes serían regularizados si se aplican los criterios de esa propuesta inicial.
A lo largo de la historia reciente de España, los distintos gobiernos han impulsado procesos de regularización. Desde 1985, se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias. Por ejemplo, Felipe González concedió permisos a 115.000 inmigrantes; José María Aznar, a 525.000; y José Luis Rodríguez Zapatero, a 576.000. En todos estos casos, el 15,5% de las solicitudes fueron rechazadas por diversas razones.
La tramitación de la iniciativa popular en el Congreso avanzó recientemente cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su proceso el 24 de septiembre, poniendo fin a una larga serie de prórrogas. Ahora, los grupos parlamentarios han presentado enmiendas, y el siguiente paso será el debate en ponencia y comisión antes de llevar un dictamen al Pleno, lo que se espera ocurra a mediados de octubre.
Por otro lado, la obtención de la residencia legal en España abre la puerta a la posibilidad de solicitar la nacionalidad, con lo que se accedería a todos los derechos y obligaciones que implica, incluyendo el derecho al voto. Normalmente, se requiere una residencia legal continuada de diez años, aunque este periodo se reduce para ciertos grupos, como los ciudadanos de países iberoamericanos o aquellos que acrediten ascendencia sefardí. En esos casos, el plazo se reduce a dos años, o incluso a uno para los nacidos en España o que hayan estado bajo tutela del Estado durante dos años. Para todos, es imprescindible carecer de antecedentes penales para obtener la nacionalidad.
