El día después de que todos los partidos excepto VOX aprobasen en el Congreso la toma en consideración de la regularización de inmigrantes la Policía Nacional detenía en Madrid a un extranjero de origen marroquí con un fusil, una pistola y chalecos antibalas. Los primeros titulares destacaban la condición «belga» del detenido y después que el sujeto tenía una orden de búsqueda y captura por su vinculación con la Mocro Mafia, una banda criminal magrebí que introduce cocaína en Europa y en cuya hoja de servicios figuran asesinatos, extorsiones y secuestros.
El pasado enero la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ofreció datos demoledores: en 1999 vivían en España un millón de inmigrantes mientras que en 2023 la cifra es de 7,5 millones. De esos casi ocho millones sólo 2,5 trabajan. ¿Qué hace el resto? Saiz no supo responder en sede parlamentaria. Su antecesor, José Luis Escrivá, dijo al estrenar el cargo que nuestro país necesita ocho o nueve millones más de extranjeros en las próximas tres décadas para evitar «la japonización» de la economía.
La legalización de medio millón de inmigrantes en situación irregular, tal y como aparece en la exposición de motivos de la iniciativa legislativa popular respaldada por la mayoría del Congreso, es de naturaleza económica (aunque no sólo). «Una regularización afloraría, rápida y eficazmente, el gran potencial de sus impuestos directos y de las contribuciones de empleados y empleadores al sistema de Seguridad Social», sostiene la norma apoyada desde Bildu al PP.
Un reciente estudio (“La riqueza de las naciones trabajadoras”) del catedrático en Economía de la Universidad de Pennsylvania, Jesús Fernández-Villaverde, refuta que la incorporación masiva de mano de obra extranjera sea la solución para economías castigadas por el envejecimiento de la población. «La inmigración no parece ser la solución de casi nada», sostiene Fernández-Villaverde, ya que «países como Canadá o España, que han traído muchos inmigrantes desde 1990, han crecido menos que Japón en términos de PIB por adulto en edad de trabajar. Simplemente, hay más trabajadores en Canadá y España, con lo cual el PIB total crece más, pero el PIB por adulto en edad de trabajar no crece más».
¿Acaso no ayudan los inmigrantes a la sostenibilidad de las cuentas públicas? El profesor Fernández-Villaverde responde: «Pues no. Vivimos en un estado del bienestar. Los estados del bienestar se basan en que el 10% de la población de más renta transfiere renta al 60% de menor (los que están entre el 61% y el 90% se quedan más o menos igual), bien directamente con transferencias o indirectamente con servicios públicos. Cada inmigrante que llega a una economía avanzada y se coloca en el 60% de menor renta (es decir, casi todos excepto los de muy alto nivel de capital humano) tiene un valor añadido negativo para el estado del bienestar. Sí, los inmigrantes te generan flujo de caja positivo hoy para la seguridad social (pagan cotizaciones), pero en el futuro hay que pagarles una pensión y una sanidad pública. En Dinamarca lo han contabilizado con detalle y, efectivamente, traer inmigrantes les sale a perder».
Los japoneses aciertan —sostiene Fernández-Villaverde— en contra del criterio que mantiene el Gobierno y casi todo Occidente. «De nuevo, los japoneses, a pesar de los millones de artículos en la prensa occidental criticándoles por no permitir inmigrantes, lo han entendido mucho mejor que nosotros».
La motivación del legislador, como señalábamos más arriba, no es sólo de carácter económico, sino también ideológico. La exposición de motivos reconoce que esta propuesta «está estrechamente alineada» con iniciativas internacionales a las que España «se ha comprometido de manera solemne”, como es el caso de la Agenda 2030 suscrita por Rajoy en 2015. Pero también el Pacto de Marrakech firmado por Sánchez en 2018que impone a los 27 Estados de la UE cuotas de inmigrantes y el ‘Pacto Europeo sobre Migración y Asilo‘ de 2008.
La realidad es que estos acuerdos migratorios internacionales refuerzan la inercia que España lleva adoptando en las últimas décadas. Desde que Felipe González llegó al poder nuestro país ha ejecutado seis procesos de regularización masiva de inmigrantes. El primero es de 1986 e incluyó a todos aquellos inmigrantes sin permiso de trabajo ni de residencia que acreditasen su estancia antes del 24 de julio del año anterior.
González puso en marcha la segunda regularización en 1991 con requisitos mucho más restrictivos que los llevados a cabo más tarde por el PP. Entonces los inmigrantes ilegales debían demostrar no sólo su estancia sino presentar «una oferta regular y estable de empleo” o un “proyecto permanente y viable de actividad por cuenta propia». Un año después el PSOE abría la mano, pues el requisito era «ser familiar dependiente de algunos de los extranjeros regularizados por el proceso de 1991». Esos dos años el Estado concedió 114.423 procesos de regularización. Comenzó el ‘papeles para todos’.
Por supuesto, Aznar llegaría aún más lejos. En 1996 llevó a cabo su primer proceso de regularización del que se beneficiaron más de 20.000 ilegales. Cuatro años después llegaría la segunda oleada y en 2001 la «regularización por arraigo». En total, los gobiernos del PP de Aznar dieron papeles a más de medio millón de inmigrantes irregulares, una cifra similar aunque aún mayor que la prevista en la aprobada la semana pasada en el Congreso. La última regularización extraordinaria es de 2005, cuando Zapatero batió todos los récords llegando a casi 600.000 concesiones.
