El Gobierno de Pedro Sánchez está intentando habilitar in extremis el voto con el DNI digital (app MiDNI) en las elecciones generales del 29 de noviembre, a pesar de que la Junta Electoral Central mantiene suspendido su uso por considerar que no ofrece garantías suficientes de seguridad en la verificación de la identidad.

La Junta Electoral Central (JEC) suspendió el 26 de marzo de 2026, mediante el Acuerdo 94/2026, la utilización de MiDNI y de MiDGT para identificarse en el momento de votar, tanto de forma presencial como por correo. La suspensión se adoptó «hasta tanto se garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura», con el objetivo de preservar la confianza ciudadana en el proceso electoral. Previamente se había permitido en algunas elecciones autonómicas mostrar simplemente la imagen de la aplicación, algo que la propia Policía Nacional aclaró después que tiene carácter meramente informativo y no constituye identificación formal.

El único método que la Policía considera válido es la lectura de un código QR temporal, firmado digitalmente y generado en tiempo real al conectarse con sus servidores. Sin ese control mediante lector, la JEC entendió que no existían las garantías exigibles.

A pesar de esa suspensión vigente, el Gobierno ha impulsado en los últimos días la Orden PJC/1129/2026, publicada en el BOE el 29 de octubre. En ella se encarga a Correos la distribución y posterior recogida de dispositivos lectores de códigos QR en las 61.033 mesas electorales previstas para el 29-N. El texto establece un sistema de trazabilidad de los aparatos y fija una tarifa máxima de 28,0667 euros por el servicio de entrega y recogida de cada dispositivo, que deberá adquirir previamente el Ministerio del Interior.

La orden no incluye, sin embargo, ningún acuerdo de la Junta Electoral Central que levante la suspensión. Fuentes cercanas al órgano electoral indican que la prohibición se mantendrá hasta que Interior garantice de forma efectiva que todas las mesas contarán con un dispositivo operativo capaz de verificar el QR de manera segura y en tiempo real.

Formaciones de la oposición han cuestionado la ausencia de protocolos claros para incidencias técnicas (fallos de batería, falta de cobertura, caída de servidores, códigos QR caducados o ilegibles) y la inexistencia de un registro auditable de cada verificación individual, algo que la propia documentación de la Policía reconoce como diseño del sistema. Mientras la JEC no dicte un nuevo acuerdo que autorice el procedimiento, los electores deberán seguir identificándose con documento físico (DNI, pasaporte o permiso de conducir, incluso caducados si permiten reconocer al votante).

A menos de un mes de las elecciones, el Ejecutivo intenta así forzar la habilitación del DNI digital en las urnas sin que el árbitro electoral haya dado aún el visto bueno a las garantías de seguridad que él mismo exigió en marzo.