El Gobierno de Pedro Sánchez ha admitido en la memoria del Real Decreto 180/2026 que maneja un registro de 1.224.576 inmigrantes en situación ilegal con acceso al sistema sanitario público, una cifra que se utiliza para calcular el impacto económico de la norma y que eleva a 24,3 millones de euros anuales el coste asociado. El dato aparece en plena tramitación de la mayor regularización extraordinaria en más de dos décadas.

El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros, regula el procedimiento administrativo que permite a estos extranjeros acceder a la sanidad pública y consolida un sistema de registro estable en todo el territorio nacional. La cifra de más de 1,2 millones no figuraba en las primeras fases del proyecto y se incorpora en la etapa final de la memoria económica, lo que evidencia un aumento progresivo del volumen reconocido por el propio Ejecutivo.

Este reconocimiento coincide con el plan de regularización impulsado por el Gobierno, que permitirá solicitar permisos de residencia y trabajo entre abril y el 30 de junio de 2026 a aquellos inmigrantes que hayan llegado antes del 1 de enero de ese año, acrediten al menos cinco meses de permanencia y carezcan de antecedentes penales. El Ejecutivo cifró inicialmente en 500.000 los potenciales beneficiarios.

La coexistencia de ambos datos —el registro sanitario superior al millón de personas y la previsión de regularizar a medio millón— ha intensificado el debate político sobre el alcance real de la inmigración ilegal en España y sobre el efecto llamada que, según la oposición, pueden generar estas medidas.

El Real Decreto 180/2026 introduce además un cambio relevante en el acceso al sistema sanitario al eliminar la caducidad del documento acreditativo. A partir de ahora, los beneficiarios no tendrán que renovar periódicamente su situación administrativa para mantener el acceso a la sanidad, lo que reduce los mecanismos de control sobre estos registros.

Hasta ahora, el sistema obligaba a revisiones periódicas. Con el nuevo modelo, el registro pasa a ser más estable y continuo, vinculado únicamente a la permanencia en el sistema sanitario, sin comprobaciones automáticas.

El acceso a la sanidad de los inmigrantes ilegales se remonta a la Ley 7/2018, que estableció la universalidad del sistema. Desde entonces, las comunidades autónomas gestionan la incorporación de estos pacientes mediante la asignación de un código identificativo sanitario, que posteriormente se integra en la base estatal de población protegida.

Dentro de ese sistema, estos beneficiarios quedan registrados en una categoría específica que agrupa a extranjeros no autorizados o no registrados formalmente, lo que ha permitido construir una base de datos acumulativa desde 2018.

El propio texto del decreto admite que el registro no equivale necesariamente a población residente efectiva. Puede incluir duplicidades o personas que ya no se encuentran en España, debido a la gestión descentralizada entre comunidades autónomas. Aun así, es la base utilizada por el Gobierno para calcular el coste y dimensionar el sistema.

El Consejo de Estado, cuyo dictamen ha servido de base para la aprobación del reglamento, planteó objeciones relevantes al texto, lo que obligó al Ejecutivo a introducir modificaciones antes de su aprobación definitiva.

Pese a ello, el Gobierno defiende la regularización como uno de los principales hitos de la legislatura, mientras que VOX ya ha anunciado recursos por la vía judicial y parlamentaria al considerar que la medida consolida un modelo que premia la permanencia irregular y tensiona los servicios públicos.

El nuevo decreto refuerza además la coordinación entre administraciones al imponer un sistema homogéneo de identificación y registro en todo el país, lo que permitirá centralizar los datos de los beneficiarios atendidos con fondos públicos. Una estructura que, en paralelo a la regularización, consolida un sistema permanente de atención a inmigrantes en situación irregular financiado por el Estado.