El Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha entregado a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado los contratos de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, S.L. con diversos organismos públicos.
Desde que la comisión de investigación celebró su primera sesión el 22 de abril con la comparecencia de Koldo García, asesor del exministro de Transportes, se han realizado sucesivas solicitudes de información a diferentes organismos: Universidad Complutense, Globalia, gobiernos autonómicos de Baleares y Castilla-La Mancha, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aunque muchas de estas solicitudes han sido atendidas, aún falta recibir la información solicitada al Ejecutivo, crucial para entender cómo operaba la trama, según revela este sábado The Objective.
Soluciones de Gestión facilitó a la trama Koldo obtener nueve contratos por un total de 53 millones de euros de fondos públicos. La Audiencia Nacional sostiene que formaba parte de un entramado de sociedades utilizado para cobrar comisiones ilegales, beneficiando principalmente a Koldo García, el exasesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto. Según el sumario, Soluciones de Gestión, creada en 2017, operaba en países de África en colaboración con otras empresas, incluyendo el Grupo Cueto. Antes de dedicarse al suministro de mascarillas, esta empresa no tenía experiencia en el sector sanitario ni como proveedora o intermediaria de mascarillas.
La comisión de investigación ha enfocado su solicitud de información en esta empresa, así como en Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado, fue uno de los primeros cargos cesados por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, después de ocupar el cargo desde julio de 2018 y gestionar la compra de ocho millones de mascarillas por 20 millones de euros a Soluciones de Gestión. Adif, Ingesa, el Ministerio de Interior y los gobiernos de Canarias y Baleares utilizaron este contrato como argumento principal para acreditar la solvencia y capacidad de Soluciones de Gestión en el suministro de mascarillas. El 27 de febrero, el ministro Óscar Puente informó sobre una auditoría para fiscalizar la compra de 13 millones de mascarillas por parte de Puertos del Estado y Adif.
Fuentes de la comisión de investigación consideran que el Gobierno ha tenido tiempo suficiente para atender esta solicitud. Según estas fuentes, «tenemos pendiente reclamar porque falta mucha información sobre los contratos de Soluciones de Gestión con los organismos, ya se debería haber entregado. Por ejemplo, con Puertos del Estado.
Por el momento, la comisión de investigación no citará a más comparecientes hasta después del verano, aunque la mesa podría convocar alguna reunión para fijar calendarios y considerar la ampliación del plan de trabajo. Aún no se ha abordado la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
