El último balance oficial deja 6.849,8 millones fuera de la cifra de recursos empleados
Desastre causado por la DANA. Redes sociales
Por Carlos Rioba
10 de septiembre de 2026
Casi dos años después de la riada que arrasó decenas de municipios el 29 de octubre de 2024, el Gobierno sólo contabiliza como empleados 9.750,2 millones de los 16.600 millones de euros movilizados para responder a la catástrofe. La cantidad equivale al 58,7% del total, según la última actualización publicada por La Moncloa, fechada el 7 de septiembre.
La diferencia entre ambas cifras asciende a 6.849,8 millones de euros. Es decir, el 41,3% de los recursos incluidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en su anuncio global queda fuera de su propio cómputo de dinero abonado, financiado, avalado o ejecutado.
La terminología empleada por el Gobierno resulta relevante. Los 9.750,2 millones no representan íntegramente dinero entregado como ayuda directa a las familias, empresas o autónomos afectados. El balance suma 8.094,6 millones abonados en ayudas, subvenciones e indemnizaciones, otros 807,4 millones financiados o avalados y 848,2 millones ejecutados mediante actuaciones directas de la Administración General del Estado y sus organismos.
Desde el pasado 6 de abril, el total contabilizado como empleado sólo ha aumentado en 339,9 millones de euros. En aquella fecha, Moncloa situaba la cantidad en 9.410,3 millones, equivalente al 56,7% de los recursos movilizados. Cinco meses después, el porcentaje ha avanzado dos puntos.
El anuncio incluía 5.000 millones en avales
Uno de los motivos que explica la distancia entre los 16.600 millones movilizados y los recursos empleados es la composición del propio anuncio. El primer paquete aprobado después de la riada incluyó una línea de avales para hogares, empresas y autónomos por un importe máximo de 5.000 millones de euros, según recoge la resolución publicada en el BOE.
Ese límite máximo se incorporó a la cifra global difundida por el Gobierno, pese a que un aval no equivale a una subvención ni comporta necesariamente un desembolso presupuestario inmediato. A fecha de 7 de septiembre, Moncloa contabiliza 3.470 operaciones de la línea del Instituto de Crédito Oficial y 769,1 millones en financiación concedida.
El límite anunciado para los avales y el importe financiado no constituyen magnitudes presupuestarias idénticas, pero el contraste muestra que la capacidad máxima incluida en el anuncio ha quedado muy por encima del volumen de financiación solicitado y formalizado hasta ahora.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal también ha señalado esta diferencia. Los 16.600 millones representan una movilización potencial de recursos financieros y no financieros, por lo que no pueden equipararse directamente con gasto presupuestario ni con su impacto sobre el déficit público.
Más de la mitad corresponde al Consorcio de Seguros
El desglose muestra además que 4.606,5 millones de los 8.094,6 millones contabilizados por Moncloa dentro del apartado de ayudas y subvenciones corresponden a indemnizaciones abonadas por el Consorcio de Compensación de Seguros. Representan el 56,9% de esa cantidad.
No se trata de subvenciones presupuestarias creadas tras la catástrofe, sino de indemnizaciones derivadas de contratos de seguro. Para recibirlas es necesario tener una póliza vigente y haber pagado la prima correspondiente. La cobertura de los riesgos extraordinarios se financia mediante los recargos abonados por los asegurados junto a sus pólizas.
El Consorcio ha registrado 251.776 solicitudes y tramitado 250.889, el 99,6%. También ha realizado más de 132.600 pagos relacionados con vehículos y otros 62.500 por daños en viviendas.
A estas indemnizaciones se añaden los 1.745,3 millones abonados a 78 ayuntamientos para la reconstrucción de infraestructuras municipales, los 347,5 millones de ayudas directas a empresas y autónomos gestionadas por la Agencia Tributaria y los 210 millones del Plan Reinicia Auto+.
Las ayudas directas para daños personales, viviendas, enseres, establecimientos y gastos de las corporaciones locales ascienden a 261,8 millones. De esta cantidad, 14,9 millones corresponden a fallecimientos o incapacidades, 155,3 millones a daños en viviendas y enseres y 91,6 millones a entidades locales.
Sólo 109 solicitudes en una línea agraria
El balance oficial permite observar también el alcance de algunas medidas concretas. El Ministerio de Agricultura convocó una línea ICO-MAPA-SAECA dotada con 53,1 millones de euros para subvencionar parte del principal de los préstamos y el coste de los avales concedidos a agricultores y ganaderos damnificados.
La convocatoria permitía financiar hasta 275 millones en créditos subvencionables. El plazo para presentar solicitudes comenzó el 16 de enero de 2025 y terminó el pasado 1 de septiembre. Sin embargo, la última actualización sólo recoge 109 solicitudes, 47 aprobadas y 3,48 millones en créditos concedidos. Las entidades financieras todavía pueden formalizar las operaciones autorizadas hasta el 1 de noviembre de 2026, según la última modificación publicada en el BOE.
Las líneas del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación han recibido, por su parte, 65 solicitudes. De ellas, 31 han sido aprobadas, 24 rechazadas y diez continúan en evaluación. La aportación pública concedida alcanza los 23,9 millones.
El Ministerio de Vivienda asegura haber puesto 186 viviendas a disposición de los afectados. En el ámbito de las actuaciones directas, el Gobierno cifra en 848,2 millones lo ejecutado. Dentro de ese apartado figuran 205,8 millones para recuperar cauces e infraestructuras hidráulicas, con 542 actuaciones terminadas y otras 183 todavía en ejecución.
El Ejecutivo ha defendido que la reconstrucción de infraestructuras necesita plazos más largos y que una parte de las cantidades está comprometida aunque todavía no figure como ejecutada.
Lo que sí confirma la última información oficial es que, casi dos años después de una catástrofe que dejó 240 víctimas mortales y afectó a 78 municipios, el propio Gobierno sólo considera empleados 9.750,2 de los 16.600 millones movilizados. Incluso con la definición amplia utilizada por Moncloa, más de cuatro de cada diez euros incluidos en el gran anuncio permanecen fuera de esa cuenta.