El Gobierno de Pedro Sánchez ha tramitado por la vía urgente una inversión de hasta 641.923,88 euros para rehabilitar el Colegio Español Luis Vives, situado en la ciudad marroquí de Larache. La decisión, recogida en los acuerdos del Consejo de Ministros mediante una declaración de emergencia, contrasta con las denuncias de numerosas familias de Ceuta, donde varios centros educativos públicos llevan meses arrastrando problemas de mantenimiento, filtraciones de agua y deficiencias en sus instalaciones.

La intervención en Marruecos se produce después de que el Ministerio de Educación ordenara el cierre temporal del colegio español el pasado 16 de octubre. La decisión obligó a reorganizar la actividad lectiva y distribuir a los estudiantes entre diferentes instalaciones de Larache mientras se resuelven los problemas del edificio.

Los alumnos de Infantil y Primaria fueron trasladados al Centro Assanabil, mientras que los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato comenzaron a recibir sus clases en el Instituto Cervantes de la localidad. Sin embargo, el cambio tampoco ha estado exento de dificultades.

Las familias han denunciado aulas de dimensiones reducidas, ausencia de sistemas adecuados de climatización, falta de cortinas y acumulación de basura en el patio de recreo. También han expresado su preocupación por las condiciones en las que se desarrollan los descansos y por las incomodidades que afectan diariamente a los alumnos.

Ante esta situación, el Ejecutivo ha optado por una declaración de emergencia que permite acelerar la contratación de las obras y evitar los plazos habituales de los procedimientos ordinarios. No obstante, la documentación difundida no identifica a la empresa adjudicataria, no detalla las reparaciones previstas ni establece una fecha concreta para la reapertura del inmueble.

La actuación contrasta con las reclamaciones formuladas en Ceuta, donde las competencias educativas dependen directamente del Gobierno central. En febrero de 2026, las familias del Colegio de Educación Infantil y Primaria Juan Morejón denunciaron el deterioro de sus instalaciones después de sufrir nuevos episodios de inundaciones y filtraciones.

Según los padres, algunas aulas presentaban goteras, humedades persistentes y problemas eléctricos derivados de la entrada de agua. Las deficiencias no eran nuevas: aseguraban que situaciones similares se habían repetido durante el curso anterior y que las reparaciones acometidas hasta entonces no habían conseguido solucionar los desperfectos.

El Movimiento Estudiantil Ceutí también reclamó actuaciones inmediatas para garantizar la seguridad de alumnos y docentes, advirtiendo de los riesgos que podrían derivarse de la combinación de filtraciones y deficiencias eléctricas. Las quejas por el estado de las infraestructuras educativas se extendían además a otros colegios de la ciudad autónoma.

De esta manera, mientras el Gobierno de Sánchez ha activado un procedimiento excepcional para movilizar casi 642.000 euros destinados a reparar un colegio español en territorio marroquí, las comunidades educativas de Ceuta continúan reclamando soluciones a los problemas que afectan a sus instalaciones. La declaración de emergencia acredita la urgencia de la actuación en Larache, aunque la información disponible no permite determinar si las incidencias denunciadas en Ceuta reúnen los mismos requisitos legales para recurrir a ese procedimiento.