El Gobierno de la Generalidad Valenciana formado por PSOE, Compromís y Unidas Podemos, ha utilizado la ley de Acompañamiento, o Ley de Medidas Fiscales que acompaña a las cuentas de la Generalidad Valenciana, para colar ‘por la puerta de atrás’, modificaciones a varias leyes que poco tienen nada que ver con la política económica del Consell y que están plagadas de carga sectaria.
Un ejemplo es la reapertura de la Oficina de Derechos Lingüísticos ―la conocida como ‘policía lingüística’― cuyo Decreto fue anulado casi por completo por el TSJCV y el Fallo fue confirmado por el Tribunal Supremo: 12 de los 16 artículos del Decreto fueron declarados nulos.
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas, José María Llanos, ha señalado que «la Ley de Medidas es inconstitucional, perjudicial para los valencianos y electoralista. Estamos ante un Proyecto de Ley de Medidas Fiscales que se dedica a darse un paseo por todas partes, a controlarlo todo, a vender humo, a imponer doctrina, y que, en nada, pero en nada, va a suponer ni el más mínimo beneficio para la ciudadanía. Por todo ello hemos presentado una enmienda a la totalidad».
Desde el partido de Abascal, han insistido en que «se trata de una ley embudo, una ley en la que todo cabe y donde, en el fondo, hay muy pocas medidas fiscales, algo que supone una vulneración de lo que en su día dijo el Tribunal Constitucional. Pero al gobierno de Ximo Puig eso le da igual y van a lo suyo: al rodillo, a la manipulación y a la imposición. Y mientras tanto las colas del hambre no paran de aumentar en la Comunidad Valenciana y las familias no llegan a fin de mes».
