El Gobierno vasco organizó el pasado 3 de julio un encuentro reservado entre presos de ETA y víctimas de la banda terrorista en un caserío de la localidad guipuzcoana de Alzo. Durante cerca de nueve horas, 17 etarras y cinco víctimas compartieron conversaciones, paseos en pequeños grupos y un almuerzo conjunto dentro de un programa de «justicia restaurativa» impulsado por el Ejecutivo regional.
Según ha revelado El Mundo, la jornada se celebró con discreción y contó con la presencia del director de Justicia del Gobierno vasco, José María Bastos, y del director de Servicios Penitenciarios, Pablo Martínez Larburu, ambos altos cargos del departamento que dirige la consejera de Justicia, María Jesús San José.
La iniciativa se enmarca en la Estrategia Vasca de Justicia Restaurativa 2022-2025 y forma parte de un programa que el Gobierno regional desarrolla desde finales de 2024. El objetivo oficial consiste en promover encuentros entre víctimas y condenados por terrorismo para favorecer la reinserción de los presos y abordar las consecuencias humanas de los atentados.
El plan inicial contemplaba la participación de 21 presos de ETA procedentes de la cárcel alavesa de Zaballa, entre ellos nombres conocidos como Juan Antonio Olarra Guridi o María Soledad Iparraguirre, alias «Anboto». Sin embargo, el equipo de psicólogos, jefes de servicio y trabajadores sociales del centro rechazó la presencia de cuatro reclusos.
Los profesionales penitenciarios consideraron que aún les quedaban demasiados años de condena y que no habían participado antes en salidas programadas. Entre los vetados figuraban Juan Luis Rubenach, Juan Carlos Besance, Iratxe Sorzabal y la propia Iparraguirre. Además, los psicólogos de la prisión declinaron acudir al encuentro.
Las cinco víctimas presentes en la reunión no pertenecen a las principales asociaciones de víctimas del terrorismo. Estas organizaciones, según la información publicada, tampoco habían sido informadas previamente de la existencia ni de los detalles del programa.
La participación en estos programas ha tenido además consecuencias penitenciarias. La Fiscalía utilizó la implicación del exjefe de ETA Mikel Garikoitz Aspiazu, alias «Txeroki», en los talleres de justicia restaurativa para avalar la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite un régimen de semilibertad.
Condenado a casi mil años de cárcel, Aspiazu sale de prisión de lunes a viernes desde enero y regresa por la noche al centro penitenciario de Martutene. La Fiscalía defendió que su participación en estos encuentros demuestra un compromiso «serio, riguroso e irrevocable» con la reparación a las víctimas.
Además de «Txeroki», al menos seis etarras que participaron en el programa han comenzado a salir de prisión con este régimen flexible. Entre ellos figuran Olarra Guridi, Ainhoa Mujika, Jon Bienzobas, Gregorio Vicario, Idoia Mendizabal y Óscar Zelarain.