El Gobierno vasco ha presentado la lista de adjudicación de viviendas de protección oficial (VPO) en alquiler y, para sorpresa de pocos, la mayoría de beneficiados ya son de origen extranjero. Los datos publicados en los diferentes listados municipales confirman que una parte muy significativa de las viviendas ofertadas han recaído en solicitantes identificados con NIE, es decir, personas de nacionalidad no española.

El análisis de los documentos oficiales arroja un panorama llamativo: de 225 adjudicatarios contabilizados, únicamente en 142 casos se hace público el documento identificativo. Dentro de ese grupo, 51 corresponden a NIE y 91 a DNI, lo que implica que un 35,9% de los beneficiados confirmados pertenecen a población extranjera. Si se amplía la horquilla para incluir a quienes figuran sin documento o con datos ocultos por motivos de protección, el porcentaje real oscila entre un 22,7% y un 59,6%.

Los listados son heterogéneos según el municipio. En localidades como Arrasate/Mondragón, los cupos generales muestran cifras especialmente elevadas: en uno de los listados, el 36,4% de los adjudicatarios disponen de NIE, y en otro el porcentaje se dispara hasta el 43,8%. En Vitoria-Gasteiz, con 90 viviendas asignadas a menores de 36 años, un 36,3% corresponde a solicitantes extranjeros, mientras que un 11,1% de los casos aparece bajo la etiqueta «RGPD», sin datos públicos de identificación.

También se observan situaciones particulares en Basauri, donde 7 de los 24 adjudicatarios con documento visible tenían NIE, lo que representa un 29,2%. En cambio, en municipios como Irun, Zarautz, Abanto, Legutio o Azkoitia los listados publicados no ofrecen datos de DNI o NIE, limitándose a nombres, lo que impide conocer con precisión la proporción de extranjeros beneficiados en esas localidades.

Este reparto reabre el debate sobre la gestión del parque de vivienda protegida en el País Vasco y la tensión entre oferta y demanda. Las listas de espera siguen siendo muy amplias, y los porcentajes de población extranjera que acceden a estos recursos alimentan la polémica política sobre los criterios de baremación, el papel del arraigo y el impacto de la inmigración en el acceso a vivienda asequible.

En cualquier caso, lo que reflejan las cifras es una tendencia creciente: en numerosos municipios vascos, especialmente en grandes núcleos urbanos, el peso de los solicitantes extranjeros en las adjudicaciones de vivienda pública en alquiler ya es comparable —cuando no superior— al de los solicitantes españoles. Una realidad que, a tenor de la evolución de los últimos sorteos y listas, parece consolidarse en el tiempo.