El hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y alto cargo en la Diputación de Badajoz, David Sánchez, está siendo investigado por la Agencia Tributaria y el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz por presuntas irregularidades fiscales y delitos de corrupción. Según un informe al que ha tenido acceso el perióico OKDiario, Azagra no habría declarado a Hacienda los ingresos percibidos de la institución provincial durante los años 2021, 2022 y 2023.
El informe de la Agencia Tributaria detalla que Azagra no presentó las autoliquidaciones correspondientes ni al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ni al Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR) por los ingresos obtenidos de su trabajo en la Diputación de Badajoz. Esta omisión de ingresos, según el experto fiscal Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector general de la Agencia Tributaria, constituiría una infracción administrativa. Ruiz-Jarabo explicó que, dado que los ingresos de Azagra provienen de una renta española, este debería haber tributado por ellos en los últimos años, cosa que no hizo durante su estancia en Tailandia y Portugal.
En su defensa, Azagra ha argumentado que no residió en España más de 183 días en esos años, lo que lo convertiría en residente fiscal en Portugal, según la documentación que ha proporcionado a la Agencia Tributaria. No obstante, Ruiz-Jarabo cuestiona la validez de este argumento, ya que Azagra se acogió a la figura de «trabajador fronterizo», un régimen que exige trabajar en un país de la UE pero vivir en otro y desplazarse regularmente. Los indicios apuntan a que Azagra no cumpliría con estos requisitos, lo que levanta dudas sobre la legalidad de su situación.
Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha solicitado a la Diputación de Badajoz, controlada por el PSOE, que aclare si Azagra, jefe de la oficina de Artes Escénicas, dispone o no de un despacho. Según OkDiario, la institución admitió que entre marzo de 2023 y mayo de 2024, Azagra no tuvo un despacho fijo y ocupó solo ocasionalmente algunas estancias del Palacio Provincial, a pesar de ejercer funciones ejecutivas de alto nivel con un salario de aproximadamente 55.000 euros anuales. Esta situación ha generado sospechas, y los investigadores están examinando si se le asignó un despacho de manera apresurada tras conocerse el caso.
Además, la Diputación reconoció ante la jueza que Azagra no está obligado a fichar, lo que dificulta la demostración de su presencia física en las oficinas de la administración. Aunque no tiene reconocido el derecho a teletrabajar, la falta de registro de su asistencia física añade más incertidumbre al caso.
