La Policía advierte de que los desalojos no frenan la llegada de nuevos ocupantes
Interior del hotel okupa de San Blas. Europa Press.
Por LGI
11 de agosto de 2026
El enorme apartahotel abandonado de San Blas, en Madrid, continúa convertido en uno de los principales focos de inseguridad del distrito pese a los sucesivos operativos policiales y desalojos ejecutados durante los últimos meses.
El complejo situado en los números 3 y 5 de la calle Lola Flores, abandonado desde la quiebra de Aragón Suites en 2022, alberga decenas de viviendas ocupadas y acumula un largo historial de robos, reyertas, detenciones y episodios violentos. Fuentes policiales consultadas por ABC advierten de que el problema se ha agravado durante el último año y que las actuaciones puntuales apenas consiguen contenerlo.
«Aunque se produzcan desalojos, hasta que esto no lo derriben, no para de venir gente nueva a meterse aquí», señalan los agentes. La advertencia llega pocos días después de que la Policía detuviera a siete ciudadanos peruanos, tres de ellos menores, acusados de formar parte de una banda que habría atracado a al menos una docena de conductores de vehículos de transporte con conductor tras solicitar servicios en las inmediaciones del inmueble.
«Aquí hacemos lo que nos da la gana»
La tensión dentro del complejo ha aumentado tras las últimas detenciones. Durante una visita de ABC al edificio, varios de sus ocupantes reaccionaron de forma agresiva ante la presencia de los periodistas.
Uno de ellos, un ciudadano colombiano de 27 años, llegó a proclamar: «Aquí hacemos lo que nos da la gana», mientras amenazaba con destrozar el equipo del fotógrafo y mostraba abiertamente su desprecio hacia la Policía. Junto a él se encontraban varios adolescentes, entre ellos algunos de los menores relacionados con la reciente operación contra los atracos a conductores.
Los propios residentes reconocen que el ambiente varía enormemente entre los distintos bloques del complejo. Algunos sostienen que determinadas zonas permanecen relativamente tranquilas, mientras otras concentran buena parte de los conflictos.
Dos homicidios, peleas y continuas operaciones policiales
El historial reciente del inmueble explica la preocupación de las Fuerzas de Seguridad. En noviembre de 2024, un ciudadano colombiano fue asesinado durante una reyerta relacionada con rivalidades futbolísticas. Apenas dos meses después se produjo otro homicidio durante un enfrentamiento.
A ello se suman otros episodios graves ocurridos dentro del complejo: una mujer murió por inhalación de monóxido de carbono cuando trataba de calentarse durante el invierno, se han investigado secuestros y enfrentamientos entre clanes y bandas, y durante el pasado mes de junio un incendio obligó nuevamente a movilizar a los servicios de emergencia.
El edificio ha sido escenario asimismo de peleas y continuas intervenciones policiales, mientras los vecinos del entorno denuncian desde hace tiempo el deterioro de la seguridad y las condiciones de insalubridad.
Bandas que incluso cobrarían por las viviendas okupadas
La ocupación del apartahotel ha generado además su propia economía clandestina. Según la información recopilada por ABC, existen indicios de que determinados cabecillas vinculados a una red peruana exigirían dinero a nuevos ocupantes a cambio de permitirles instalarse en algunas de las viviendas.
Una menor residente en el complejo llegó a burlarse cuando los periodistas preguntaron cuánto pagaban allí de alquiler. El fenómeno refleja una de las grandes paradojas de algunas ocupaciones organizadas: inmuebles utilizados sin consentimiento de sus propietarios pueden terminar generando un mercado paralelo en el que otros cobran por acceder a ellos.
Un centenar de desalojos no ha resuelto el problema
La Policía Nacional y la Policía Municipal trabajan conjuntamente desde hace meses para recuperar los inmuebles. Las últimas cifras oficiales citadas por el periódico reflejan la participación policial en alrededor de cien desalojos, mientras existen unos doscientos expedientes abiertos relacionados con apartamentos del complejo.
Sin embargo, los procedimientos permanecen repartidos entre diferentes juzgados, lo que ralentiza la resolución global del problema.
Las Fuerzas de Seguridad y la Fiscalía han reclamado que los asuntos puedan concentrarse para facilitar una respuesta judicial más coordinada. Mientras tanto, la dinámica se repite: cuando algunos ocupantes abandonan el edificio, llegan otros nuevos.
Un complejo de unas 200 viviendas
Las dimensiones del inmueble contribuyen a hacer especialmente difícil cualquier actuación. Sólo el número 3 de la calle Lola Flores dispone de 84 viviendas, 142 plazas de garaje y sus respectivos trasteros, dentro de una parcela de más de 11.000 metros cuadrados.
El número 5, conectado directamente con el anterior, contiene el resto de los apartamentos, además de locales destinados originalmente a comercios y oficinas. En conjunto, el antiguo establecimiento disponía de aproximadamente 200 apartamentos de corta estancia. La deuda de la antigua empresa y los activos inmobiliarios son gestionados actualmente por Grupo Copernicus junto a un fondo irlandés.
La situación llegó a tal extremo que la propiedad ofreció el año pasado hasta 15.000 euros por vivienda ocupada para lograr abandonos voluntarios, según la documentación citada por ABC. Ni siquiera esa vía consiguió solucionar definitivamente el problema.
Millones de euros en suelo bloqueados por la degradación del entorno
Alrededor del apartahotel existen además tres parcelas actualmente a la venta. Una de ellas, de 1.932 metros cuadrados, se comercializa por algo más de dos millones de euros y contempla incluso la posibilidad de construir nuevos alojamientos turísticos.
Otra parcela de 1.500 metros cuadrados se ofrece por alrededor de 1,47 millones, mientras una tercera, de 1.741 metros cuadrados, tiene un precio próximo a los 960.000 euros. Sobre el papel, la zona dispone de importantes atractivos inmobiliarios: está situada junto a la A-2, cerca del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y rodeada de establecimientos hoteleros.
Pero la realidad que soporta actualmente el entorno es muy distinta. La delincuencia recurrente, la degradación de los edificios y la inseguridad asociada al macrocomplejo dificultan cualquier intento de regeneración de la zona.