Dos días antes de la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, el 25 de octubre de 2017, el círculo cercano de Carles Puigdemont se reunió con emisarios de Vladímir Putin, siguiendo las indicaciones del entonces presidente catalán para obtener el respaldo ruso en la independencia. Estos hechos están respaldados por testimonios en sede judicial y conversaciones y chats extraídos de los teléfonos de Víctor Terradellas, ex responsable de Relaciones Internacionales de Convergència; Elsa Artadi, ex consellera y ex dirigente de Junts; Carles Porta, periodista y escritor; y Miquel Casals, empresario y ex miembro de la organización terrorista Terra Lliure.
El juez Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, recogió estos elementos en su exposición razonada, afirmando que no hay margen para amnistiar a Puigdemont por traición y malversación, y ha elevado el caso al Tribunal Supremo, tal como lo insinuó el 21 de junio.
Aguirre considera que, además de Puigdemont y Francesc Dalmases, los otros once imputados ––Artur Mas, Elsa Artadi, Víctor Terradellas, Jordi Sardá, Natalia Boronat, Zeus Borrell, Miquel Casals, Carles Porta, Aleksander Dmitrenko, Josep Lluís Alay y Gonzalo Boye— deben ser investigados por el Tribunal Supremo debido a que sus acciones están intrínsecamente vinculadas con las presuntas actividades delictivas de Puigdemont. El juez también ha seguido la línea del Supremo, que no considera amnistiable la malversación, y ha añadido el delito de pertenencia a organización criminal para los 13 acusados.
Un chat del 25 de octubre de 2017, en el que Miquel informaba a Puigdemont, usando el teléfono de Terradellas, sobre una reunión con personas de las que esperaban respuesta en 24 horas y mencionaba una «videoconferencia con Pu», podría referirse, según el juez, a Vladímir Putin, dado el contexto de las reuniones y la nacionalidad de los participantes. Al día siguiente, Terradellas agregó: «Nos habían garantizado declaración esta tarde, Gorbachov. Dinero x parte china. (…) A las 5 venía emisario de Putin». Luego le pidió a Puigdemont que retrasara la comparecencia: «Pues lo retrasas (…) Estamos Carles, Miquel y yo aquí. Nos has de recibir. Retraso y danos tiempo».
Según los chats del teléfono de Terradellas, los rusos que se reunieron con Terradellas y Artadi podrían ser «Nikolay» y «Sergey», a quienes Terradellas llamaba así, mientras él era referido como «Jordi». Terradellas declaró que, tras las conversaciones con Nikolai, Sergei y Jordi Sardà —empresario enlace con los emisarios rusos— en la residencia oficial de Puigdemont, éste les pidió que continuaran las negociaciones. Nikolai y Sergei serían Nikolai Sadovnikov —ex diplomático ruso de confianza de Putin— y Serguei Motin —espía ruso que habría ofrecido un ejército de 10.000 soldados si Puigdemont proclamaba la independencia por la fuerza—.
En una conversación grabada el 16 de mayo de 2018 entre Terradellas y Xavier Vendrell, ex miembro de Terra Lliure y empresario afiliado a ERC, Terradellas comenta que Puigdemont no quería ser responsable de que mataran a gente y se refería a necesitar «100 muertos». Esta conversación, para el juez, es muy descriptiva de la intención de colaborar con una potencia extranjera.
Aguirre concluye que la injerencia rusa estuvo a un paso de materializarse, pero no se llevó a cabo el 27 de octubre de 2017 porque Puigdemont, según Terradellas, sintió un gran temor por las implicaciones para Cataluña y para él mismo de continuar con la declaración de independencia y entrar en la órbita del neoimperialismo ruso, abandonando la protección de la Unión Europea.
