El juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, ha solicitado al Congreso de los Diputados que certifique si el exministro José Luis Ábalos sigue siendo diputado, lo que podría ser el primer paso para citarlo como imputado en el caso Koldo, una investigación que involucra a su exasesor Koldo García Izaguirre, varios empresarios, y funcionarios de distintos ministerios.
En la documentación del caso adelantada por El Español, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado nuevas pruebas que vinculan a Ábalos con la supuesta red de corrupción, señalando que el exministro habría utilizado «teléfonos seguros» proporcionados por esta trama, de la cual su asesor Koldo García era parte clave.
La Guardia Civil ha llegado a estas conclusiones tras escuchar conversaciones telefónicas intervenidas a algunos de los implicados en el caso. En una de esas conversaciones, Rubén Villalba Carnero, un alto mando de la Benemérita que también está imputado, relata que Koldo García mostró preocupación por la seguridad de las comunicaciones del entonces ministro Ábalos y del presidente Pedro Sánchez, preguntando si sus teléfonos estaban intervenidos.
Villalba, encargado de garantizar la seguridad y contravigilancia de la red criminal, explicó que no podía confirmar si los móviles estaban «pinchados», pero que posteriormente se proporcionaron teléfonos seguros al exministro y a otros implicados. Según el informe policial, la seguridad en las comunicaciones era un aspecto crucial para el empresario Víctor de Aldama, considerado uno de los principales intermediarios de la red.
La trama del caso Koldo se centra en el presunto cobro de comisiones ilegales a través de contratos adjudicados por el Ministerio de Transportes a la empresa Soluciones de Gestión SL, principalmente para la compra y entrega de mascarillas al inicio de la pandemia en 2020. Aldama, según la investigación, actuaba como intermediario de la red corrupta, que toma su nombre del asesor más cercano y hombre de confianza de Ábalos, Koldo García Izaguirre.
El juez Moreno sugiere que los nuevos indicios aportados por la UCO podrían abrir la puerta a la citación de Ábalos como investigado en esta trama, que también implica a varios funcionarios y empresarios que habrían participado en el entramado de adjudicación de contratos estatales durante la pandemia.
