El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO), órgano central del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil, revela que Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, solicitó a un guardia civil que investigara si tanto Sánchez como Ábalos, entonces ministro de Transportes, tenían sus teléfonos intervenidos. «El caso llega directamente al Palacio de la Moncloa», afirmó Cuca Gamarra, secretaria general del PP, en una comparecencia de urgencia en el Congreso. «Sabemos ahora que Koldo pasó de proteger los avales a proteger al presidente del Gobierno de posibles indagaciones judiciales», añadió.
Este informe, fruto del volcado de los teléfonos móviles de los implicados, golpeó con fuerza a los socialistas, que aún se recuperaban de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que respaldó al juez Juan Carlos Peinado en la investigación del caso Begoña, afectando a la esposa del presidente Sánchez. A pesar de que la ministra portavoz intentó reinterpretar la resolución de los magistrados como favorable al Gobierno, el informe de la UCO ha supuesto un duro revés.
José Luis Ábalos, exministro de Transportes, también está en el ojo del huracán, ya que este miércoles se reveló que está buscando ser readmitido como militante del PSOE pese a que su imputación parece inminente tras las nuevas pruebas aportadas por los investigadores al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, basadas en las transcripciones de conversaciones entre los involucrados en la trama de corrupción.
La oposición llevaba tiempo esperando a este informe antes de reactivar la comisión de investigación en el Senado, donde pretenden citar a Pedro Sánchez para que testifique.
La trama en torno a Koldo García ha abierto grietas no solo en el Ministerio de Transportes, sino también en el Ministerio del Interior. Según las conversaciones reveladas por la UCO, fue el exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, quien alertó a García de que estaba siendo investigado, aunque los investigadores no han podido confirmar esta afirmación. Este miércoles, trascendió que Fernando Grande-Marlaska destituyó a Leonardo Marcos el mes pasado sin dar explicaciones claras, y colocó de nuevo a Mercedes González al frente de la Guardia Civil, en un movimiento que ha sido interpretado como un intento de controlar la información que se estaba filtrando.
El empresario Víctor de Aldama, uno de los principales implicados en el caso, ha sido señalado como el «nexo corruptor» que conectaba el Ministerio de Transportes con las empresas bajo su control. Aldama, que ya fue detenido en una operación anticorrupción por fraude en el sector de los hidrocarburos, es considerado un actor clave en esta trama de corrupción que afecta a altos funcionarios del Gobierno.
En paralelo, el caso Begoña, que involucra a la esposa de Sánchez, sigue avanzando. La trama afecta a seis ministerios: Economía, Educación, Industria, Transportes, Trabajo y Seguridad Social, que adjudicaron contratos por un valor total de 15,6 millones de euros a empresas de Juan Carlos Barrabés, supuestamente beneficiadas por la relación de este con Begoña Gómez, quien está acusada de tráfico de influencias y corrupción en negocios privados.
