El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sospecha que la campaña de Salvador Illa que desembocó en su victoria en las elecciones catalanas de mayo de 2024 pudo haber asumido gastos vinculados a las llamadas cloacas de Ferraz. Por ese motivo, el magistrado ha reclamado al PSOE toda la documentación interna y contable relacionada con aquellos comicios, con especial atención a contratos, facturas, pagos de propaganda, publicidad y servicios electorales realizados durante el periodo oficial de campaña, entre el 26 de abril y el 10 de mayo.

La petición del juez afecta también a la documentación presentada por el partido ante la Sindicatura de Cuentas de Cataluña y el Tribunal de Cuentas. Pedraz quiere comprobar si dentro del circuito ordinario de gastos electorales se pudo encajar algún pago ajeno a la campaña y relacionado con la presunta estructura investigada en la pieza secreta del caso SEPI.

El auto no atribuye, por ahora, una irregularidad concreta a la candidatura de Illa. Sin embargo, sí abre una línea de investigación sobre la forma en que el PSOE autorizó, contrató, justificó y abonó determinados servicios durante esa etapa electoral. El objetivo es determinar si alguna de esas partidas pudo servir para financiar de forma encubierta maniobras dirigidas contra investigaciones judiciales o policiales que afectaban al partido, al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez.

La causa se centra en la presunta red articulada en torno a Leire Díez, conocida como la ‘fontanera’, a la que el juez atribuye un papel operativo en actuaciones destinadas a desacreditar procedimientos incómodos para el PSOE. Pedraz investiga si esas actividades fueron sufragadas mediante facturas falsas, contratos simulados o encargos publicitarios que no respondían realmente al servicio declarado.

Uno de los nombres que aparece en esa derivada es Grupo Crónica Libre, sociedad vinculada a la fallecida periodista Patricia López. El magistrado ha requerido al PSOE la relación completa de contrataciones mantenidas con Patricia López y con dicha empresa durante 2024 y 2025. Quiere conocer qué órgano del partido autorizó cada encargo, cuál fue el objeto del servicio, qué precio se pactó, cuánto se pagó finalmente, de qué forma se abonó y qué personas intervinieron en esas gestiones.

Esa línea surge de una conversación intervenida en la que se aborda la posibilidad de que Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, hubiera ordenado un pago próximo a los 20.000 euros a través de una campaña publicitaria. Según recoge la resolución, ese dinero habría podido llegar al entorno de Crónica Libre, mientras que Ion Antolín, responsable de comunicación socialista en aquel momento, habría tenido un papel relevante en la difusión de determinadas informaciones.

La investigación trata de aclarar si esos trabajos publicitarios fueron reales o si funcionaron como pantalla para canalizar fondos hacia la estructura atribuida a Leire Díez. El auto describe una actividad orientada a desestabilizar causas judiciales y policiales que afectaban al PSOE o al Ejecutivo, no sólo mediante campañas de descrédito, sino también mediante la búsqueda de información sensible y contactos con fiscales, mandos policiales y miembros de la Guardia Civil.