El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han cerrado un acuerdo para aprobar los presupuestos catalanes a cambio de nuevas cesiones al separatismo, entre ellas el refuerzo de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) con 527 millones de euros hasta 2029 para prepararla con vistas a una futura cesión del IRPF por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
El pacto supone un nuevo paso en la llamada «financiación singular» para Cataluña, el modelo impulsado por ERC y aceptado por el PSOE-PSC que persigue que la Generalitat recaude y gestione la mayor parte de los impuestos, al estilo del cupo vasco y el concierto navarro. Aunque ese sistema todavía no ha sido aprobado formalmente debido al rechazo que genera en otras regiones, acuerdos como el alcanzado ahora entre Illa y Junqueras buscan implantarlo progresivamente por la vía de los hechos.
Entre las concesiones pactadas figura también la construcción de una nueva gran línea ferroviaria alrededor de Barcelona para conectar municipios de la segunda corona metropolitana sin pasar por la capital catalana, así como una mayor influencia de la Generalitat en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.
El punto más relevante del acuerdo afecta al fortalecimiento de la Hacienda catalana. Los 527 millones comprometidos servirán para ampliar capacidades técnicas, administrativas y de personal de la ATC con el objetivo de que pueda asumir en el futuro la recaudación del IRPF si el Ejecutivo de Sánchez termina cediendo esa competencia a Cataluña para garantizarse el apoyo parlamentario del separatismo.
El antecedente directo de este pacto fue el acuerdo de investidura entre PSOE-PSC y ERC, que ya incluía la denominada «financiación singular». ERC presentó entonces ese modelo como un avance hacia la «soberanía fiscal» catalana, mientras distintos dirigentes autonómicos alertaban de que rompía el principio de igualdad entre españoles y el sistema común de financiación autonómica.
El acuerdo vuelve además a situar en el centro de la política catalana a Junqueras, condenado por el Tribunal Supremo en la sentencia del procés de 2019 por sedición y malversación de caudales públicos a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación. En 2021, el Gobierno de Sánchez le concedió un indulto que eliminó la pena de cárcel, aunque mantuvo la inhabilitación. Posteriormente, en 2024, el Ejecutivo impulsó la ley de amnistía para garantizarse los votos separatistas en el Congreso, si bien el Supremo no aplicó íntegramente la medida en lo relativo a la malversación, por lo que Junqueras continúa inhabilitado para concurrir a elecciones.
