El Departamento de Estado de EEUU ya investiga el proceso de concesión de nacionalidades españolas solicitado por cientos de miles de ciudadanos cubanos al amparo de la conocida como Ley de Memoria Democrática. Según fuentes consultadas, Washington analiza si ese procedimiento podría haber facilitado el acceso al pasaporte español a personas presuntamente vinculadas con organizaciones criminales, el narcotráfico y estructuras próximas al régimen cubano.
La inquietud de las autoridades estadounidenses no se limita al ámbito migratorio. Los servicios norteamericanos manejan información que, según esas fuentes, apuntaría a que algunos solicitantes mantienen conexiones con redes delictivas asentadas en el Caribe y con dirigentes del castrismo. Además, parte de esas personas habrían participado en operaciones desarrolladas en Venezuela durante el mandato de Nicolás Maduro, donde la colaboración del Gobierno cubano habría desempeñado un papel relevante.
En Washington preocupa especialmente que la obtención de documentación española permita a determinados individuos viajar con mayor facilidad a Estados Unidos. El temor es doble: por un lado, la posible entrada de personas relacionadas con el crimen organizado y, por otro, la de perfiles considerados próximos al aparato político cubano y susceptibles, según la información manejada por las autoridades estadounidenses, de participar en actividades dirigidas a influir o desestabilizar intereses norteamericanos.
La norma impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez abrió la posibilidad de acceder a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles exiliados tras la Guerra Civil. Desde su entrada en vigor, se calcula que más de 300.000 ciudadanos cubanos han iniciado los trámites correspondientes a través del Consulado General de España en La Habana.
Ese elevado volumen de expedientes también ha generado críticas dentro de la propia isla. Diversas asociaciones han denunciado presuntas irregularidades en la tramitación de las solicitudes y sostienen que el acceso a determinados procedimientos estaría condicionado por organismos bajo la influencia del régimen cubano.
Esta investigación se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la Administración estadounidense para reforzar su presencia e influencia en Iberoamérica y el Caribe. La política exterior impulsada desde Washington busca aumentar la presión sobre gobiernos considerados aliados de La Habana y Caracas, al tiempo que pretende reforzar la lucha contra el narcotráfico, el blanqueo de capitales y otras actividades delictivas en la región.
Uno de los países donde esa estrategia se ha intensificado es la República Dominicana. Según las fuentes consultadas, Estados Unidos ha instado al Gobierno del presidente Luis Abinader a endurecer los controles sobre operaciones financieras sospechosas y estructuras vinculadas al crimen organizado, dentro de un plan de cooperación en materia de seguridad.
La ofensiva diplomática estadounidense también habría tenido repercusiones políticas que alcanzan a España. De acuerdo con esas mismas fuentes, el aumento de la presión sobre Cuba y República Dominicana ha despertado preocupación en determinados sectores del PSOE y en el entorno de La Moncloa debido a las relaciones personales y económicas que algunos dirigentes socialistas mantienen con ambos países.
En ese contexto se sitúa el episodio protagonizado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según la información publicada por Vozpópuli, el exjefe del Ejecutivo tenía previsto desplazarse a Santo Domingo el pasado 19 de mayo, coincidiendo con la fecha en la que fue notificado de su condición de investigado en la causa relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
