El Ministerio del Interior ha registrado 291 solicitudes de «regularización» presentadas por presos extranjeros en las cárceles que se encuentran bajo su competencia, según los datos facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a una petición realizada a través del Portal de Transparencia.
La información, actualizada a 29 de julio de 2026, recoge las solicitudes formuladas al amparo del Real Decreto 316/2026, que modificó el Reglamento de Extranjería vigente desde el año 2000. El procedimiento extraordinario contempla la posibilidad de «regularización» para determinados ciudadanos extranjeros que se encuentran en situación de prisión preventiva.
Según publica The Objective, Instituciones Penitenciarias precisa que los datos corresponden a extranjeros considerados internos preventivos y sin condena firme todavía, una categoría que también incluye a quienes hayan recibido una sentencia en primera instancia pero la resolución se encuentre pendiente de recurso. En estos casos, la ejecución de la pena no comienza hasta que la resolución judicial adquiere firmeza.
Murcia encabeza la estadística territorial con 46 solicitudes distribuidas en dos centros penitenciarios, mientras que las prisiones de Madrid acumulan otras 43 peticiones repartidas entre siete establecimientos. A continuación figuran los centros penitenciarios de Castellón, con 38 solicitudes, y los de Alicante, con 34. Córdoba y las cárceles situadas en Canarias registran 23 peticiones cada una.
Por establecimientos concretos, el centro penitenciario con mayor número de solicitudes se encuentra en Murcia, con 38. Le sigue una prisión de Castellón, con 35 peticiones. A continuación aparecen el centro de Córdoba, con 23, y uno de los establecimientos penitenciarios de Alicante, con 20. La principal cárcel madrileña incluida en los datos contabiliza 16 solicitudes.
La resolución facilitada por Instituciones Penitenciarias no especifica cuántas solicitudes han sido concedidas, rechazadas o siguen en trámite, ni incorpora un desglose de los solicitantes por nacionalidad o por los delitos que se les atribuyen.
El organismo dependiente del Ministerio del Interior señala además que los procedimientos destinados a determinar la autorización o denegación de estas solicitudes corresponden a otras instancias administrativas y no a la Administración penitenciaria.
Las cifras se conocen después de que Instituciones Penitenciarias impartiera instrucciones en abril para que los centros penitenciarios informaran a los extranjeros internos sobre el procedimiento extraordinario.
Las órdenes incluían la difusión de información sobre el proceso, la documentación necesaria y la posibilidad de facilitar apoyo lingüístico a quienes lo necesitaran. La comunicación fue trasladándose progresivamente a los distintos módulos penitenciarios.
En mayo trascendió que la prisión de Zaragoza había instalado carteles informativos destinados a los internos extranjeros que estuvieran interesados en acogerse al procedimiento. Los avisos indicaban dónde podían obtener información y remitían a los educadores de los módulos para resolver dudas sobre la regularización.
La iniciativa provocó críticas en determinados sectores policiales. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) expresó su preocupación por la posibilidad de que extranjeros en prisión preventiva pudieran acceder a una autorización de residencia y advirtió de que esta circunstancia podría complicar futuras expulsiones de extranjeros condenados.
