La Generalitat de Cataluña registró en 2025 un aumento del 48% en las denuncias relacionadas con el uso del catalán en establecimientos privados y servicios públicos, según datos remitidos al Parlament por la Consejería de Política Lingüística y que recoge este viernes el diario El Mundo. Las cifras oficiales reflejan un incremento desde las 2.423 reclamaciones contabilizadas en 2024 hasta las 3.604 registradas el pasado año, el primero completo bajo la presidencia del socialista Salvador Illa.
El crecimiento de las denuncias coincide con la continuidad de diversas iniciativas impulsadas durante el anterior Ejecutivo de ERC para imponer el uso del catalán en ámbitos como la sanidad, la universidad y el comercio. Entre esas medidas figuran campañas institucionales de sensibilización lingüística y la habilitación de mecanismos específicos para «canalizar reclamaciones» ciudadanas relacionadas con el uso de la lengua cooficial.
En el ámbito sanitario, los centros dependientes de la Generalitat recibieron 467 denuncias lingüísticas en 2025, frente a las 273 registradas un año antes. Parte de esas reclamaciones se refiere a profesionales sanitarios que, según los denunciantes, no utilizaron el catalán durante la atención a pacientes.
También en las universidades catalanas se mantuvo la supervisión del uso del catalán en la docencia. Durante el curso 2022-2023 se contabilizaron 41 quejas contra profesores por impartir asignaturas en castellano. La cifra ascendió a 141 en el curso 2023-2024, coincidiendo con la implantación de buzones anónimos de reclamación en distintos campus universitarios. En el curso 2024-2025 se registraron, por el momento, 118 denuncias, aunque la Generalitat señala que todavía se encuentran pendientes de incorporación parte de los informes semestrales remitidos por las universidades.
La mayor parte de las reclamaciones lingüísticas continúa concentrándose en la Agencia Catalana del Consumo, organismo dependiente del Departamento de Empresa y Trabajo. En 2025 se tramitaron 2.581 denuncias relacionadas con la atención comercial y el uso del catalán en negocios y establecimientos, frente a las 1.576 del ejercicio anterior, lo que representa un incremento del 63%.
Como consecuencia de estas reclamaciones, la Administración autonómica llevó a cabo 1.144 actuaciones inspectoras. En 365 expedientes los establecimientos aceptaron corregir la situación detectada, mientras que 277 casos derivaron en sanciones . Otros 370 procedimientos permanecen en fase de resolución administrativa.
