El juez Arturo Zamarriego, primer instructor del caso Leire Díez, ha remitido a la Audiencia Nacional la información recabada durante su investigación sobre las presuntas maniobras de la conocida como «fontanera de Ferraz». La causa quedará ahora en manos del juez Santiago Pedraz, que también investiga las supuestas cloacas del PSOE.
Zamarriego, titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid Número 9, ha aceptado el requerimiento de inhibición mediante una providencia fechada este martes, 11 de agosto. La decisión supone que deja de conocer el asunto en favor del órgano judicial considerado competente.
«Habiéndose acordado por auto del día de la fecha aceptar el requerimiento de inhibición, requiérase por plazo de cinco días al Ministerio Fiscal para que manifieste si, a la vista de lo acordado, desiste del recurso interpuesto por carencia sobrevenida de su objeto», señala la resolución.
La inhibición concentra así en la Audiencia Nacional las pesquisas relacionadas con las presuntas maniobras atribuidas a Díez para obtener información comprometedora contra investigadores, fiscales y mandos de la Guardia Civil vinculados a causas que afectan al PSOE.
El juez Zamarriego también ha acordado dejar sin efecto el volcado del soporte de grabación relacionado con el fiscal Ignacio Stampa. Díez contactó con el fiscal para tratar de obtener información que pudiera comprometer a determinados responsables judiciales y policiales.
La decisión se produce después de que Pedraz rechazara admitir como acusación particular al coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, responsable de la investigación policial sobre el referéndum ilegal de independencia celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017.
Las investigaciones sobre Leire Díez también han alcanzado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conocido el pasado mes de junio reveló que Díez aspiró a convertirse en «directora de gabinete» de la entidad pública.
La referencia aparecía en las pesquisas sobre el rescate de 112,8 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a Tubos Reunidos. La SEPI, encargada de gestionar las participaciones empresariales del Estado, fue el organismo que aprobó aquella ayuda multimillonaria.
El traslado de las actuaciones a Pedraz amplía la investigación que dirige la Audiencia Nacional sobre el entramado atribuido a Díez y sobre sus contactos para desacreditar o recabar información contra quienes investigaban causas sensibles para el PSOE.
