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A TRAVÉS DEL GRUPO ARIAL

El marido de Pardo de Vera obtuvo 22 millones por terrenos públicos de Adif subvaluados en una subasta marcada por irregularidades

El exministro José Luis Ábalos y la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera. Europa Press

El constructor y esposo de Isabel Pardo de Vera, Juan Manuel Álvarez, obtuvo en 2016 un beneficio millonario tras vender viviendas construidas en terrenos propiedad de la compañía pública ferroviaria. Estos terrenos fueron subastados y, tras un proceso en el que se denunciaron irregularidades, le fueron adjudicados a Álvarez a un precio inferior al valor de mercado. Durante este período, Pardo de Vera ejercía como directora de Explotación y Construcción de Adif.

Según ha desvelado El Debate, la cifra facturada por Álvarez en esta operación ascendió a 22 millones de euros. En concreto, en 2016 adquirió dos parcelas en Santiago de Compostela, una de ellas un terreno de 1.697 metros cuadrados ubicado en la calle Manuel Beiras, donde antes se encontraba la estación ferroviaria de Cornes. Adif había fijado un precio inicial de 2,05 millones de euros, en plena expansión del nuevo ensanche de la ciudad. Aunque varias constructoras mostraron interés, la subasta quedó desierta de forma inesperada.

Poco después, el Grupo Arial, propiedad de Álvarez, presentó un ambicioso proyecto inmobiliario para esas parcelas, diseñado por los arquitectos Carbajo y Barrios. Tras la adquisición, Álvarez constituyó una sociedad específica para gestionar la operación, M5 Cornes Residencial SL, creada el 29 de diciembre de 2016 con un capital inicial de 100.000 euros. Esta empresa se ha encargado desde entonces de la venta de las viviendas. En 2020, facturó más de 16 millones de euros, y en 2021 sumó otros 5,6 millones, alcanzando cerca de 22 millones en total por la comercialización de los inmuebles.

En los últimos años, Adif ha promocionado estos terrenos, destacándolos como «una zona muy bien situada» y con «grandes expectativas de desarrollo». La descripción oficial ha resaltado la proximidad a la Plaza Roxa, la estación de Renfe y el edificio de usos múltiples del Concello. Finalmente, este enclave privilegiado terminó en manos de familiares de una de las principales responsables del desarrollo ferroviario en España, actualmente investigada por corrupción ante el Tribunal Supremo.

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