La noche del viernes al sábado, el barrio madrileño de Hortaleza volvió a ser escenario de un suceso que ha conmocionado a la opinión pública. Un inmigrante marroquí agredió sexualmente a una niña española de 14 años en el parque Isabel Clara Eugenia, a escasos metros del centro de primera acogida de menas, uno de los más conflictivos de España.

Según fuentes policiales consultadas en exclusiva por LA GACETA, el detenido, que afirma tener 17 años, es un individuo multirreincidente con un historial delictivo que incluye robos con violencia, agresiones, autolesiones y un elevado consumo de sustancias estupefacientes. Además, está pendiente de una prueba de determinación de edad, ya que las mismas fuentes sospechan que podría superar los 20 años.

El agresor, que llegó al centro de Hortaleza hace apenas tres meses, no es un desconocido para las autoridades. Su expediente delictivo se extiende más allá de Madrid, con antecedentes en el País Vasco, donde protagonizó otra agresión sexual, además de múltiples actos delictivos. A pesar de este historial, el sistema lo considera menor de edad, lo que ha resultado en una condena de tres meses de internamiento cerrado en el centro de Teresa de Calcuta en Brea del Tajo (Madrid).

El centro de Hortaleza, gestionado por la Comunidad de Madrid, lleva años en el ojo del huracán. Vecinos y asociaciones como ‘Hortaleza se defiende’ han denunciado reiteradamente la inseguridad generada por algunos de sus internos, especialmente de origen magrebí. La saturación del centro, la convivencia de menores con perfiles muy dispares y la falta de protocolos determinantes han convertido el entorno en una «olla a presión».

Fuentes policiales consultadas por LA GACETA destacan que el detenido era conocido en el centro por su agresividad. La duda sobre su edad real añade un elemento más de controversia, si las pruebas confirman que supera los 18 años su condena podría endurecerse, pero el daño ya está hecho.

Ante la agresión, que pone de manifiesto otra vez los fallos de un sistema que parece incapaz de garantizar la seguridad de los españoles mientras acoge a menores —la gran mayoría magrebíes— con perfiles delictivos, la portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha exigido el cierre de los centros de acogida y el cese de los contratos millonarios con ONG que gestionan estos centros.