El departamento que diseña la política de vivienda publicó en 2023 un estudio que mide el efecto de la inmigración sobre el precio del alquiler. El trabajo cifró ese efecto en un 5,9% entre 2010 y 2019. El Gobierno ha decidido que la campaña del 29 de noviembre se dispute en el terreno de la vivienda y ha elegido a sus culpables: fondos, grandes tenedores y caseros. La otra mitad de la cuenta, cuánta gente necesita una casa y de dónde llega, no aparece en el discurso oficial.
La revista se llama Ciudad y Territorio Estudios Territoriales. Es una publicación que en 2023 editaba el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y que hoy edita el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el mismo que ahora somete su política a las urnas. En el número 215, páginas 47 a 60, apareció el 21 de marzo de 2023 el trabajo de Jonathan Torres-Téllez, de la Universidad Pablo de Olavide, y Alberto Montero-Soler, de la Universidad de Málaga, titulado «El impacto de la inmigración sobre el precio de la vivienda española en el siglo XXI».
El estudio analiza el precio de la vivienda en cincuenta provincias entre 2001 y 2019, con el enfoque de Saiz, y llega a tres conclusiones. Durante la burbuja, el aumento de la inmigración contribuyó a elevar el precio de la vivienda hasta un 2,5%. Tras el estallido, el retorno de inmigrantes a sus países actuó en sentido inverso y redujo ese precio un 1,12%. Entre 2010 y 2019, la llegada de inmigración explica un incremento del 5,9% en el precio del alquiler. Los autores subrayan que ese efecto sobre el alquiler, después de la crisis de 2008, no se había medido hasta entonces en España.
La investigación académica, que superó la evaluación de la revista y que el Ministerio editó y difundió con su sello, señaló además que el saldo del periodo completo es negativo en compraventa, porque la salida de población durante la crisis pesó más que la entrada previa. El precio, por tanto, se mueve con la población en las dos direcciones, y sube cuando llega más gente de la que el parque puede alojar. El 5,9% no explica toda la subida del alquiler de aquella década, pero acredita la dirección del efecto de un volumen de inmigración que el stock de viviendas no absorbe.
Por su parte, según el INE, España alcanzó el 1 de julio los 49.801.559 habitantes, 444.205 más que un año antes, y ese crecimiento se debe al aumento de los nacidos en el extranjero, porque los nacidos en España disminuyen. Son ya 10.291.807 personas, el 20,7% de la población. El Banco de España (BdE), en su Informe Anual 2025, calcula además un déficit acumulado de unas 750.000 viviendas desde 2021, porque el país crea hogares a un ritmo muy superior al que construye. El año pasado fueron 240.000 hogares nuevos frente a 92.000 viviendas terminadas. Cuando el BdE enumera las causas de la fortaleza de la demanda, el dinamismo demográfico figura en primer lugar y el INE ya ha dicho de dónde sale ese dinamismo: de los nacidos en el extranjero.
Ese mismo informe desmonta el retrato del propietario que el Gobierno ha llevado a la campaña. Cerca del 90% de los dueños de vivienda en alquiler son particulares, y entre ellos el 76,1% arrienda un solo piso. Los que poseen once o más representan tan solo el 0,2%. El BdE concluye que no existe una concentración elevada en el mercado. Los fondos existen, igual que los pisos turísticos, y pesan en determinados barrios, pero no son la norma en el conjunto de España.
