El Ministerio de Igualdad arrastra uno de los mayores escándalos de esta legislatura con el fallo en las pulseras antimaltrato, pero no es el único frente abierto en el gabinete de la ministra Ana Redondo. A esa gestión se suman al menos 177 casos de presunta malversación de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, según el análisis realizado por la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que agrupa a centenares de colectivos feministas y ha documentado casos entre 2024 y 2025 que podrían constituir un delito.

Dinero que debía proteger a mujeres víctimas de violencia ha acabado destinado a carreras de tacones, batucadas, talleres de maquillaje, cursos de oratoria, charlas LGTB, pasos de peatones pintados con la bandera arcoíris, torneos de pelota mano, masterclasses de zumba o bailes con vermú, entre otras actividades que, a juicio de la alianza, «no son objeto de ninguna medida financiable con los fondos del Pacto de Estado».

Las primeras denuncias se remontan a abril de 2024, cuando la organización trasladó a Redondo un listado inicial de gastos irregulares realizados por ayuntamientos y comunidades autónomas con los 160 millones de euros repartidos ese año. La ministra prometió entonces revisar las partidas, pero los casos siguieron acumulándose. El último informe, remitido el pasado 8 de marzo, recogía ejemplos como un concierto tributo a Alejandro Sanz en Abrera (Barcelona), un torneo de pelota mano y cesta punta en Arnedo (La Rioja) o unas jornadas en Bargas (Toledo) que incluían tiro con arco, pádel, baile moderno y desayuno amenizado por la charanga El Zimbonbazo.

A ello se añaden los gastos cuestionados directamente por el Ministerio de Igualdad, cuyo presupuesto anual asciende a 511,5 millones de euros. Entre ellos destacan dos millones en una campaña que presentaba a los españoles como violentos contra las mujeres, 1,2 millones en otra para que «el miedo cambie de bando», 100.000 euros en contratar a una empresa externa para resumir la prensa diaria o 9.992 euros en un informe que concluía que las mujeres trans sufren más la menstruación que las mujeres biológicas.

Con semejante gestión, los resultados no acompañan: 2024 cerró con 47 mujeres asesinadas y un récord de agresiones sexuales, 5.206 frente a las 4.890 de 2023. Una tendencia ascendente que se mantiene desde 2017 y que deja en evidencia que el generoso presupuesto de Igualdad no ha servido para frenar la violencia ni las violaciones.

El capítulo más grave estalló con el fracaso de las pulseras antimaltrato. Durante el traspaso del sistema Cometa, adjudicado en octubre de 2023 a Vodafone por 41 millones, se produjeron fallos graves en el volcado de datos. El error dejó sin acceso a los registros históricos de movimientos de agresores durante al menos ocho meses, entre febrero y octubre de 2024. En ese tiempo se registraron falsas alarmas, localizaciones imprecisas y la imposibilidad de distinguir entre un fallo técnico y un incumplimiento real.

El Consejo General del Poder Judicial advirtió a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género de estas incidencias en enero y febrero de 2025, pero el Ministerio no actuó hasta que el escándalo se hizo público. Redondo ha anunciado ahora un nuevo contrato para adquirir pulseras con «mejoras técnicas», mientras la oposición y asociaciones feministas reclaman su dimisión.