El 30% de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género destinados a los ayuntamientos no se empleó en actuaciones dirigidas a prevenir o combatir la violencia contra las mujeres. Así lo ha reconocido el Ministerio de Igualdad, que ha detectado gastos considerados improcedentes por valor de unos 12 millones de euros correspondientes a las ayudas repartidas entre julio de 2024 y julio de 2025.
The Objective ha avanzado que tras revisar la justificación de esas subvenciones, el departamento que dirige Ana Redondo ha concluido que miles de consistorios no acreditaron correctamente el destino de parte del dinero recibido. Como consecuencia, el importe cuestionado será descontado de las transferencias que debían percibir desde el pasado 1 de julio, una medida que podría dejar a algunos municipios sin financiación procedente de este programa durante el presente ejercicio.
La decisión llega después de más de un año de denuncias formuladas por la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, una plataforma que reúne a centenares de asociaciones feministas y que desde abril de 2024 ha recopilado casos en los que, a su juicio, las subvenciones del Pacto de Estado se utilizaron para actividades ajenas a la protección de las víctimas o a la prevención de la violencia machista.
Entre las iniciativas señaladas por la organización figuran carreras de tacones, festivales de perreo, talleres de maquillaje, cursos de elaboración de productos de limpieza, concursos de pintura, actividades relacionadas con el colectivo LGTBI, catas gastronómicas, jornadas deportivas, charlas recreativas, bailes populares con vermú posterior e incluso sesiones de tiro con arco, entre otras propuestas que consideran desvinculadas del objetivo de estas ayudas.
La plataforma asegura haber documentado alrededor de 250 supuestos casos de utilización indebida de fondos públicos, un trabajo que incluso plasmó en un mapa interactivo con los expedientes recopilados. A raíz de esas denuncias, el Ministerio de Igualdad elaboró una guía para concretar qué tipo de actuaciones pueden financiarse con cargo a estas partidas y cuáles quedan excluidas.
Ese documento establece expresamente que no podrán sufragarse con dinero del Pacto de Estado actividades como talleres sobre sostenibilidad ambiental, cursos de escritura creativa, labores de punto, maquillaje, festivales lúdicos, carreras de tacones, iniciativas vinculadas al ámbito LGTBI o competiciones deportivas que no acrediten una relación directa con la prevención o erradicación de la violencia contra las mujeres.
Según el Ministerio, al menos 2.666 ayuntamientos presentaron deficiencias en la justificación de determinados gastos. El dinero correspondiente será retenido en futuras asignaciones, aunque los consistorios afectados podrán optar a otras líneas de financiación distintas.
Desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres consideran que la actuación del Ministerio supone un reconocimiento al trabajo de fiscalización desarrollado por las organizaciones feministas. La entidad sostiene que la vigilancia de la sociedad civil resulta esencial para detectar irregularidades y mejorar el funcionamiento de las políticas públicas dirigidas a proteger a las mujeres víctimas de violencia.
La organización también valora positivamente que Igualdad haya reforzado los mecanismos de control sobre el destino de estas subvenciones y defiende que supervisar el uso del dinero público no implica desconfiar de las administraciones locales, sino garantizar que los recursos se empleen exclusivamente para los fines previstos.
Las asociaciones recuerdan que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género moviliza cada año alrededor de 280 millones de euros destinados a medidas de prevención, protección, asistencia y erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres. Además, el pasado mes de abril, la Conferencia Sectorial de Igualdad acordó repartir otros 160 millones de euros entre comunidades autónomas y ciudades autónomas.
Pese al incremento de la inversión pública, las cifras de asesinatos por violencia de género continúan siendo elevadas. En lo que va de año, nueve de las 24 mujeres asesinadas habían denunciado previamente a su agresor. Para quienes impulsaron las denuncias sobre el uso de estos fondos, estos datos refuerzan la necesidad de asegurar que cada euro destinado a esta política llegue realmente a la atención de las víctimas y a la prevención de nuevos casos.
