Una víctima de violencia de género presentó tres quejas sucesivas por fallos en la pulsera antimaltrato entre julio de 2025 y enero de 2026 sin que el Ministerio de Igualdad resolviera la incidencia. Así lo recoge el Tribunal de Cuentas en su fiscalización de los contratos de prestación del servicio de seguimiento telemático de las órdenes de alejamiento y las medidas de protección, tal y como recoge este viernes okdiario.

El informe pone de manifiesto las deficiencias en la gestión de estos dispositivos, utilizados para controlar que los agresores no incumplan las restricciones judiciales de acercamiento a sus víctimas. La Fiscalía Europea investiga, además, un posible fraude en la adquisición de estas pulseras con fondos comunitarios y ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil actuaciones en el Ministerio de Igualdad.

El órgano fiscalizador examinó los contratos correspondientes a los ejercicios 2018, 2021 y 2023, con un importe conjunto de 102,6 millones de euros. De esa cantidad, 42,6 millones correspondían al contrato más reciente, financiado parcialmente con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

Entre las irregularidades detectadas figuran graves deficiencias en el funcionamiento de los dispositivos, problemas de cobertura, escasa autonomía de las baterías, dificultades para localizar a los agresores y errores de geolocalización que llegaron a permitir acercamientos a las víctimas.

Quejas sin respuesta

El Tribunal de Cuentas también censura que el sistema de gestión de reclamaciones permaneciera inoperativo durante más de un año. Desde el inicio de la ejecución del contrato, en febrero de 2024, el mecanismo no estuvo disponible, pese a las reiteradas peticiones de jueces, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, administraciones, víctimas y trabajadoras de la Sala COMETA, encargada de supervisar los dispositivos.

El módulo de quejas no entró finalmente en funcionamiento hasta junio de 2025. Sin embargo, su puesta en marcha tampoco garantizó una respuesta eficaz. El informe destaca el caso de una mujer que reclamó en julio y diciembre de 2025 y nuevamente en enero de 2026 sin que se solucionara el problema.

La situación terminó provocando una reclamación patrimonial de 75.000 euros, que fue desestimada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

El organismo fiscalizador considera que estos hechos evidencian debilidades en el control del contrato por Igualdad, que no adoptó medidas efectivas para exigir responsabilidades a la empresa adjudicataria.

Los requerimientos fueron tardíos y, salvo una excepción, no consta que se impusieran penalizaciones ni se emprendieran acciones frente a los incumplimientos. Únicamente se abrió un expediente sancionador por la caída del servicio en noviembre de 2025, con una penalización de 25.285,48 euros.