La Fiscalía Europea investiga un presunto fraude en el contrato de las pulseras telemáticas antimaltrato adjudicado durante la etapa de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudió este jueves al Ministerio y al Tribunal de Cuentas para requerir documentación.
Fuentes jurídicas citadas por Libertad Digital no descartan que la causa pueda alcanzar a la exministra, a la exsecretaria de Estado Ángela Rodríguez, conocida como ‘Pam’, o a la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género Victoria Rosell. Ninguna ha sido imputada por el momento.
Los agentes solicitaron los contratos de los dispositivos que controlan el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por violencia de género. La Fiscalía Europea examina si pudo cometerse un fraude relacionado con fondos comunitarios para financiar el sistema.
El foco se sitúa en la licitación publicada en julio de 2023, cuando Montero dirigía Igualdad, por unos 50 millones de euros y financiada parcialmente con fondos europeos. El contrato fue adjudicado a la unión temporal de empresas formada por Vodafone y Securitas. Según LD, el nuevo modelo sustituyó el alquiler de los dispositivos por su compra y cambió la empresa gestora.
El sistema estaba gestionado por Telefónica y los aparatos se alquilaban a Attenti, compañía israelí especializada en monitorización electrónica. La migración de datos hizo que el centro de control perdiera el acceso a historiales anteriores al 20 de marzo de 2024. También atribuyen al nuevo servicio fallos técnicos y errores de localización y vulnerabilidades que habrían facilitado la manipulación o retirada de dispositivos. Relacionan esas incidencias con sobreseimientos y absoluciones en procedimientos por presuntos quebrantamientos de órdenes de alejamiento.
Las fuentes no descartan imputaciones de Rodríguez, firmante del contrato, Rosell o Montero, máxima responsable del departamento cuando se adjudicó. La responsabilidad de cada una deberá determinarse durante la investigación.
La operación trascendió mientras Igualdad presentaba la campaña del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La ministra Ana Redondo aseguró que facilitará toda la documentación requerida y defendió que los fondos se han invertido correctamente. También sostuvo que el debate sobre las pulseras ha estado marcado por «bulos y mentiras» y afirmó que el contrato vigente mejora las posibles disfunciones del anterior.
