El Ministerio de Igualdad ha decidido no sustituir las pulseras antimaltrato actualmente en funcionamiento, a pesar de los fallos detectados en los últimos meses. Según reconoce el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria, los dispositivos seguirán activos y las mejoras previstas sólo se aplicarán a nuevas altas o sustituciones puntuales.

La decisión afecta directamente a un sistema clave para vigilar el cumplimiento de órdenes de alejamiento en casos de violencia. La polémica se arrastra desde septiembre, cuando la Fiscalía detectó un fallo en el traspaso de datos entre empresas adjudicatarias que impidió verificar durante un periodo si los agresores incumplían las medidas judiciales.

Ese episodio no fue aislado. Fuentes del sector admiten que los errores técnicos se han repetido con frecuencia y que se intensificaron durante 2025. La situación llevó a la oposición a exigir responsabilidades políticas y a pedir la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sin que el Gobierno asumiera ese coste.

En lugar de retirar los dispositivos, el Ministerio encargó dos auditorías —una interna y otra externa— que han servido de base para el nuevo contrato aprobado en enero en Consejo de Ministros. Sin embargo, la clave de la decisión no se anunció públicamente: el Ejecutivo confirma que «no está previsto que las pulseras en funcionamiento sean sustituidas«.

Esto implica que las víctimas que dependen actualmente de estos sistemas seguirán utilizando los mismos aparatos cuya fiabilidad ha sido cuestionada.

Más presupuesto, pero renovación parcial

El nuevo contrato introduce mejoras técnicas y un aumento significativo de la inversión. El presupuesto pasa de 50 a 71 millones de euros, ampliables hasta 111 millones con prórrogas, y se eleva el número de dispositivos disponibles hasta 17.660.

Entre las novedades destaca la sustitución de los brazaletes por tobilleras, con materiales antivandálicos, mayor resistencia y sensores avanzados de movimiento y temperatura. También se incorporan sistemas de geolocalización autónoma y tecnología bluetooth para detectar la proximidad real entre agresor y víctima, con el objetivo de reducir falsas alarmas.

A nivel operativo, el Gobierno prevé reforzar la Sala Cometa, encargada de monitorizar estos dispositivos, con más personal y nuevos perfiles técnicos, jurídicos y psicológicos. También se acortarán los tiempos de comunicación de incidencias a juzgados y fuerzas de seguridad.