El Ministerio del Interior elaboró en secreto un dosier con fotografías, trayectorias y valoraciones ideológicas de decenas de periodistas en activo. El documento, confeccionado en la Oficina de Comunicación del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, clasifica a los profesionales según su posición política y su actitud ante el Gobierno de Pedro Sánchez, según ha desvelado El Confidencial.
Interior ha reconocido tanto la existencia como la autenticidad del fichero, aunque trata de desvincular al ministro de su elaboración. Una portavoz oficial asegura que Marlaska no ordenó el trabajo y que nunca tuvo acceso a su contenido.
El dosier lleva el sello del Ministerio y de su Oficina de Comunicación. Bajo el título «Tertulianos. Radio y Televisión», reúne decenas de fichas individualizadas en las que aparecen fotografías de los periodistas y comentarios sobre sus opiniones, su trayectoria y su adscripción política.
Las anotaciones incluyen expresiones como «afín al PSOE», «tendencia conservadora», «periodista de derechas», «claramente de izquierdas y apoya al Gobierno», «reconocido antisanchista», «ideología radical de derechas», «militante socialista» o «defiende el ideario del PP».
También figuran valoraciones como «periodista polémica», «últimamente es más combativa», «en contra de los independentismos» o «crítico con la amnistía». Algunas fichas recogen además la opinión que los profesionales mantienen sobre la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como su grado de aceptación de ambos cuerpos.
El documento no se limita a los tertulianos más conocidos. Incluye directores de medios, columnistas, redactores y periodistas especializados en informaciones que afectan al Ejecutivo y al propio Ministerio del Interior. También aparecen responsables de organizaciones como la Asociación de la Prensa de Madrid, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de Periodistas Parlamentarios.
La práctica cobra especial relevancia porque la inmensa mayoría de los profesionales fichados continúa en activo y publica informaciones relacionadas con el Gobierno. Los nombres aparecen ordenados alfabéticamente por apellido.
Dos reuniones y una orden de mantenerlo en secreto
El primer encargo para elaborar esta clasificación se produjo a finales de 2023, en fechas próximas a Navidad. Según las fuentes citadas por El Confidencial, unas quince personas participaron en una reunión de la Oficina de Comunicación, incluidos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en el equipo de prensa.
En aquel encuentro se ordenó clasificar a los periodistas y consignar sus posiciones políticas. La oficina dispone de un equipo dedicado al seguimiento diario de los medios de comunicación y de las tertulias de radio y televisión.
Posteriormente se celebró al menos una segunda reunión en la que se dieron nuevas instrucciones. Entre ellas figuraban la incorporación de fotografías a cada ficha y la exigencia de que el documento no trascendiera fuera del Ministerio.
Interior sostiene que el dosier nunca salió de la Oficina de Comunicación y que únicamente tuvo acceso a él un número reducido de personas. También niega que se tratara de una lista negra y asegura que su finalidad era conocer qué periodistas trabajaban en cada medio y cuáles eran los asuntos que abordaban.
Parte de los trabajadores destinados en la oficina se opuso a participar. De acuerdo con las fuentes citadas, algunos advirtieron de que elaborar una clasificación política de periodistas podía ser inconstitucional y se negaron a colaborar. Pese a esas protestas, el fichero salió adelante y quedó terminado en 2024.
La versión oficial del Ministerio es que se permitió apartarse del encargo a quienes no se sintieran cómodos. Interior asegura también que ningún periodista recibió llamadas o reproches por las opiniones recogidas en las fichas.
La oficina encargada de la publicidad institucional
La Oficina de Comunicación de Interior tiene rango orgánico de subdirección general. Entre sus funciones se encuentra la gestión de las relaciones informativas y de publicidad institucional con los medios de comunicación, unas atribuciones que fueron ratificadas en la reestructuración ministerial publicada en febrero de 2024.
El mismo órgano que mantiene esas relaciones y participa en la gestión de la publicidad pública fue, por tanto, el encargado de reunir valoraciones políticas sobre los periodistas y los medios en los que trabajan. Interior niega que la información recopilada se utilizara para condicionar el reparto de publicidad institucional o el trato dispensado a los profesionales.
El momento elegido para culminar el dosier tampoco resulta indiferente. En 2024 se aprobó la ley de amnistía con la que Sánchez aseguró los apoyos independentistas necesarios para continuar en La Moncloa tras perder las elecciones generales.
Las fichas muestran un interés concreto por conocer la posición de cada periodista ante esa norma. En ellas aparecen observaciones como «cercana a los postulados socialistas, aunque en la última etapa se ha mostrado crítica con la ley de amnistía» o «muy crítica con la ley de amnistía».
Ese mismo año estalló el caso Koldo y comenzaron las investigaciones judiciales relacionadas con el entorno del presidente. Sánchez respondió elevando su discurso contra los medios que publicaban informaciones sobre esos procedimientos y llegó a apartarse durante cinco días de su agenda para reflexionar sobre su continuidad.
El Gobierno dispone ya de una Secretaría de Estado de Comunicación, dependiente directamente de La Moncloa, cuya misión es coordinar la política informativa del Ejecutivo y sus relaciones con los medios. No consta que ese organismo haya elaborado una clasificación ideológica semejante. El fichero surgió, en cambio, dentro del Ministerio que controla las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sus servicios de información.
