La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda que dirige la vicepresidenta primera María Jesús Montero, advirtió el pasado mes de septiembre a la Fiscalía Europea de que las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez beneficiaron «injusta e ilegalmente» a una unión temporal de empresas (UTE) vinculada al empresario investigado Juan Carlos Barrabés en adjudicaciones de Red.es.

Según el dosier remitido, estas cartas no sólo fueron valoradas positivamente dentro de la oferta presentada por la UTE, sino que su ausencia se consideró un elemento negativo en el proceso de evaluación. El informe subraya que, a partir de la redacción de los documentos de valoración, se deduce «claramente» que no contar con este tipo de apoyos perjudicaba a otros licitadores, lo que introduce un elemento de distorsión en la concurrencia pública.

El señalamiento de la IGAE afecta directamente a los contratos adjudicados por Red.es, una entidad pública dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, actualmente dirigido por el ministro Óscar López, y vuelve a situar el foco en el papel de la esposa del presidente del Gobierno en procesos vinculados a adjudicaciones públicas.

En este contexto, el propio ministerio ha impulsado una nueva licitación millonaria para esta entidad, detalla El Debate. El pasado 20 de marzo, el Boletín Oficial del Estado publicó la convocatoria de un contrato para el «servicio de diseño, elaboración, monitorización, análisis de contenidos y apoyo en difusión de Red.es».

El importe base de la licitación asciende a 1.177.608,3 euros, aunque el valor estimado del contrato alcanza los 1.946.460 euros debido a la posibilidad de prorrogarlo durante dos años adicionales.

El pliego establece que el adjudicatario deberá encargarse de la producción continua de contenidos multimedia, el análisis de su impacto y la optimización de su difusión, así como del refuerzo de la estrategia de comunicación institucional de la entidad. Entre los objetivos figuran mejorar el posicionamiento de Red.es, incrementar la visibilidad de sus programas y fortalecer la relación con sus socios y beneficiarios.

El contrato también incluye tareas de monitorización y diagnóstico de contenidos, con el fin de adaptar mensajes y narrativa a distintos públicos objetivo, así como el impulso de la difusión a través de los canales corporativos.

La coincidencia entre la advertencia de la IGAE sobre posibles irregularidades en adjudicaciones anteriores y la puesta en marcha de un nuevo contrato de comunicación refuerza el foco político sobre la gestión de Red.es y el uso de recursos públicos en un contexto marcado por investigaciones en curso.